Tan torpe y poco profesional ha sido el plante de la alcaldesa de Alicante a los agentes y mandos de la Policía Nacional en su festividad como la excusa dada para justificar su ausencia en unos actos en los que la representación municipal ha sido una constante (cuando el alcalde no ha podido acudir ha delegado en sus ediles y Castedo, con 17, tenía dónde elegir). Un desaire que se produce cuando aún resuenan los disparos de la espectacular operación policial del sábado (culminada con éxito pese a la sangre fría y la peligrosidad de los asaltantes) y unos festejos en los que el año pasado la regidora desembarcó con su equipo prácticamente al completo y del brazo de su mentor, el exalcalde y diputado Luis Díaz Alperi.

Cierto es que hace un año no se sabía del caso Brugal todo lo que en estos doce meses han desvelado primero las filtraciones de las conversaciones telefónicas y después los informes policiales que se están elaborando, conviene no olvidarlo, por orden del juez que investiga si la primera edil y su antecesor, entre otros, facilitaron datos reservados del planteamiento urbano de Alicante a cambio de regalos, o si directamente buscaron enriquecerse gracias a la información privilegiada de que disponían. Tanto estas pesquisas como las que han llevado a localizar en el ordenador del hermano de Castedo informes sobre el fiscal anticorrupción y acerca del dirigente socialista Ángel Luna parecen haber pesado más en el ánimo de la alcaldesa que la obligación institucional que como primera autoridad de la ciudad tiene.

Al margen de lo injustificable de su actitud (en tanto que, le guste o no/ nos guste o no, representa a todos los ciudadanos y como tal ha de actuar y no atendiendo a sus berrinches personales), Sonia Castedo debería detenerse a reflexionar sobre la difícil situación en la que coloca a su propia gente, muchos de los cuales se han visto obligados a disculparse ante agentes y mandos por acatar una orden que no compartían. Pero eso la Policía ya lo sabía.