Los jueces dirán en su día si lo que ha sucedido en la ciudad de Alicante alrededor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es constitutivo de un delito o es sólo un cúmulo de elucubraciones que detrás no esconden, como ahora parece, una trama encaminada a sacar tajada del instrumento urbanístico por excelencia con que cuentan los ayuntamientos. A dirimir qué hay de cierto en todo lo que ha aparecido públicado están dedicados en estos momentos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía y los abogados defensores de los que ya han sido llamados a declarar y de los que comparecerán ante el juez en breve espacio de tiempo.
Dejando a un lado lo que determine en su día la Justicia, lo que ya parece claro sin necesidad de esperar al pronunciamiento de los tribunales es que en todo el proceso de tramitación del Plan General se ha traspasado la barrera ética que debe mantener estrictamente separados los intereses públicos de los privados. Esa frontera no existe por capricho. Tiene su razón de ser en garantizar que las decisiones que se toman desde la administración pública se adoptan con absoluta independencia y objetividad y sin que sobre ellas recaiga la más mínima sombra de duda sobre si se ha podido actuar condicionado por otros intereses que no sean los de todos los ciudadanos. Familiares directos y amigos han contaminado el procedimiento hasta tal punto que, además de dar por muerto sin haber nacido el nuevo documento de planificación urbanística de Alicante, se puede entender que muchos ciudadanos crean legítimamente que en la tramitación del PGOU se ha beneficiado a parientes y conocidos. Lo dije hace algún tiempo cuando se conoció la estrecha relación de amistad que unía a Enrique Ortiz con Luis Díaz Alperi -y que las grabaciones del caso Brugal se han encargado de mostrarnos hasta qué extremo llegaron- y lo reitero ahora cuando el nuevo informe policial pone negro sobre blanco lo cerca que ha estado José Luis Castedo del trabajo de su hermana, tanto cuando estaba al frente de la concejalía de Urbanismo como ahora, que es la alcaldesa de la ciudad. Lo ético en estos casos es hacer constar públicamente que se puede incurrir en conflicto de intereses y, acto seguido, apartarse de esa área de responsabilidad porque, ya lo dice el tópico, la mujer del César no sólo debe ser honrada, además, debe parecerlo.
No se ha hecho así y una simple correlación de fechas, cruce de empresas y comprobación de propietarios, como ayer hizo este diario, abre serias interrogantes sobre la tramitación del documento de planeamiento urbanístico. Puede ser que a nivel legal, como decía al inicio de esta columna, sea necesario esperar a lo que digan los jueces para determinar si ha habido trato de favor o no y si se ha incurrido en algún delito, pero a nivel político los tiempos son otros y urge dar todas las explicaciones. Comparecer ante la opinión pública y dar pelos y señales de lo sucedido, es la primera tarea a la que se deben dedicar nuestros cargos políticos. La segunda e inmediata es, tal y como reclamó este diario cuando salió a la luz el caso Brugal, poner en marcha una comisión de investigación no controlada por la fuerza política mayoritaria, puesto que si no hay nada que ocultar no hay nada que temer, para que se revisen uno por uno todos los expedientes y decisiones que se han tomado desde que Alperi decidiera en su día relevar a Lluís Cantallops como responsable de la revisión del PGOU y pusiera en su lugar a Jesús Quesada para elaborar un nuevo planeamiento.
