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La soberanía de los financieros internacionales

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Clemente Hernández Con urgencia se va a modificar el artículo 135 de la Constitución imponiendo el principio de estabilidad presupuestaria, dejando su concreción a una posterior Ley Orgánica y su aplicación para el 2020. También se consagra la prioridad de pago a los prestamistas y el equilibrio presupuestario para las administraciones locales. Los que justifican la urgencia se basan en las exigencias del gobierno conservador alemán para dar luz verde a la compra de bonos españoles por el BCE. Hemos cumplido con las condiciones de la capitulación, la señora Merkel estará satisfecha y le podremos exigir que no ponga trabas a los eurobonos, aunque todos sabemos que eso va para largo.
¿Por qué imponer el principio de estabilidad en la Constitución si éste ya está en los acuerdos con la UME y en la legislación ordinaria, que hemos cumplido a rajatabla, al punto de ser el país con menor deuda y déficit hasta 2008, y se están aplicando políticas para cumplir con el objetivo de déficit comprometido para 2013? ¿No basta con saber que PSOE, PP y CIU comparten este principio y que tendrán la mayoría de escaños en el Congreso en las próximas elecciones? Es más, ¿no es suficiente garantía que esos partidos estén aplicando políticas duras de ajuste, aunque la carga fiscal de las rentas altas y el gasto social en España estén a la cola de la UE y pese a las protestas de muchos ciudadanos?
En mi opinión, el trágala de Zapatero y Rajoy iba dirigido a disciplinar de forma enérgica a los gobiernos locales y regionales, de ahí el interés en fijar el reparto del déficit entre las distintas administraciones; asunto que hasta ahora se ventila en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en reuniones bilaterales con el País Vasco y Navarra. La redacción del artículo 135 no ha cerrado este asunto y Gobierno central y gobiernos autónomos se verán las caras en la futura ley orgánica. Sí que se ha cerrado el margen de flexibilidad que tienen ahora los ayuntamientos, sobre todo las grandes ciudades, para financiar sus inversiones mediante deuda, sin ni siquiera ser oída la Federación Española de Municipios y Provincias.
Tal como queda la primera parte del artículo 135 no es más que una declaración de principios a concretar antes de 2013 por Ley Orgánica y a ejecutar en 2020, amén del reconocimiento de que estamos obligados a cumplir la legislación europea. Muy poco para el coste político que ha sufrido el PSOE por esta iniciativa a "las bravas" de Zapatero. Pero el simbolismo de la Constitución mitifica para todos los españoles "la estabilidad presupuestaria", consigna de liberales y conservadores, aunque luego sean unos manirrotos, pero totalmente ajena a los partidos de izquierda. Culmina así la deriva ideológica de Zapatero, pues a los eslóganes de "bajar impuestos es de izquierdas" y "elevar la carga fiscal a las rentas del capital es técnicamente imposible o desanima la generación de empleo", se añade ahora que "el Estado no debe gastar más de lo que ingresa". Sin crédito y sin elevar impuestos el corolario es claro: reducir el nivel de gasto.
Estas consignas son fáciles de creer, pero son falacias que defienden la prioridad de la iniciativa privada frente a la intervención pública. ¿Imaginan en la Constitución que "las empresas o las familias no podrán endeudarse"?; al fin y al cabo es la deuda privada (su exceso y destino) lo que nos llevó a la crisis y al déficit público actual. El déficit cero es una propuesta neoliberal, pero los países con elevado bienestar lo han conseguido gracias a elevados impuestos progresivos y el recurso a la deuda desde los años cincuenta del siglo XX, más allá del saldo cíclico de las cuentas públicas. Si malo es endeudarse de forma imprudente, muy poco ambicioso es pagarlo todo al contado.
Pero mientras esperamos a que se concrete "el déficit estructural", la prioridad de cobro que tendrán los tenedores de bonos es ya una garantía firme. La legislación mercantil dice que en el concurso de acreedores, primero cobran los trabajadores, después los proveedores y, a resultas, los prestamistas. Pues bien, no será ese el criterio si hubiera una suspensión del pago de la deuda: primero los prestamistas y luego, a resultas, todos los demás, desde la Casa Real a los pensionistas o los proveedores. Eso sí que es una hipoteca. Ni el FMI podría soñar una Constitución más entregada a los capitalistas. En fin, todo un despropósito que dejará menos margen jurídico en la negociación que el que ha tenido cualquier país con crisis de deuda, incluyendo Islandia, Irlanda, Grecia o Portugal. ¿Cómo explicar ahora la prima de riesgo si damos más garantías jurídicas a nuestros prestamistas que la misma Alemania?
Aunque en el futuro cambie la Constitución, los bonos emitidos hasta ese momento gozarán de la garantía de prioridad de pago. Y ya sabemos cómo se las traen los grandes inversores cuando no se cumplen los contratos: o convencen por las buenas o lo hacen por las malas, aunque queden las cunetas llenas de cadáveres. Confiemos que, para entonces, tengamos un verdadero Banco Central prestamista de última instancia y una Europa Federal.

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