Escucho y observo de buena mañana en la tertulia televisiva y radiofónica de Jiménez Losantos al secretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, político valenciano ahora con galones en Madrid, explicando el nuevo paradigma político que su partido comparte con el PSOE: hay que ponerle un tope al déficit público porque una administración -igual que una familia- no puede gastar más de lo que tiene. Vale. Así, se supone, ya no habrá más crisis. Los mercados financieros, verdaderos culpables de la actual pesadilla económica, aplauden encantados y las tertulias de derechas se unen a coro para jalear tanta loa a la austeridad. Pero quizás habría que decirle a estos chicos del PP que en el pasado no fueron tan cuidadosos con la gestión de las arcas públicas: a las de la Generalitat Valenciana le vendrían ahora muy bien los más de 7 millones de euros que determinadas empresas alojadas en los terrenos públicos junto a Terra Mítica no ingresan en concepto de canon por ocupar ese suelo. Aquí -en esta pobre y deficitaria Comunidad, la "pobre pàtria", que cantaba Espriu- ya no es que se haya gastado mucho; es que se ha gastado muy mal. Y lo peor: es que se ha gastado según el criterio de unos pocos para contentar, también, a unos pocos. Ay, el gasto.
Pagamos y despuésÉ pagamos. Esto (o sea, el gasto, el gasto público) fue aquí de la siguiente manera: la Generalitat (o sea, nosotros, los valencianos) expropia unos terrenos para instalar un parque de ocio -Terra Mítica- y otros negocios privados gestionados por empresas turísticas y urbanísticas que, a cambio de ocupar tan privilegiado emplazamiento, deben abonar a la Generalitat (a todos nosotros) una contraprestación, la del canon antes citado. Pero no lo hacen. El complejo de la naturaleza Terra Natura no paga canon, pero a cambio reparte entradas -miles de entradas- a la Generalitat; el hotel Villa Aitana no paga canon, pero a cambio deja al Consell Esportiu organizar en sus instalaciones torneos de golf. Resultado final: la Generalitat (o sea, nosotros) no sólo ha dejado de ingresar millones y millones, sino que ha pagado (hemos pagado) dos veces: una por la expropiación de esos famosos terrenos y otra por cuestiones tan vitales para nuestro bienestar (¿?) como entradas a un parque temáticos o torneos para el deporte del "green". Negocio redondo. Que después González Pons y sus jefes (Cospedal, Rajoy) digan que para ahorrar gasto hay que recortarle el sueldo a los profesores suena a lo que suena.
Legalidad y ética. Como casi todo en la vida, esta situación se puede abordar desde dos perspectivas: la legal y la ética. Sobre la legal, fue la diputada socialista Eva Martínez la que mostró sus dudas: un canon ha de pagarse o pagarse; según la ley, no puede canjearse en especies (en entradas o en torneos deportivos). Es como si un fontanero o un abogado quisiera pagar sus impuestos ofreciendo sus servicios profesionales. Entonces sí que se nos iba a caer el chiringuito; entonces, sí que íbamos a regresar a la Edad Media. Después está la cuestión ética. Si la política del partido gobernante de la Generalitat (el PP) es renunciar al dinero contante y sonante de los que más tienen (las grandes empresas privadas) para destinarlo a los que menos tienen (a los que necesitan escuelas u hospitales gratuitos), que lo hubiera dicho; si la política de la Generalitat (la de Camps) era renunciar a suprimir barracones en los centros escolares y listas de espera en los sanitarios a cambio de jugar al golf y salvarle el cuello a un parque temático, que lo hubiera dicho. Pero no lo dijeron. Y el hecho de que no lo dijeran supone una traición a la democracia, al haberse ocultado información a los electores sobre cómo se estaba gestionando una administración, la Generalitat, que no es del PP ni era de Camps, sino de nosotros, de los valencianos. Y nosotros, los valencianos, creíamos recibir a través de las arcas autonómicas (nuestras arcas) un dinero que en verdad no recibíamos. El famoso caso de los cánones impagados ha salido a la luz porque fue detectado por un informe del Síndic de Comptes y proyectado a la opinión pública por el PSPV. De no haber funcionado este mecanismo alternativo que es la fiscalización judicial y política, hubiéramos seguido viviendo tan felices. Nosotros (que nada sabíamos), las empresas privadas (que todo lo sabían) y los gestores de la Generalitat, que por su parte no es que se hayan rasgado las vestiduras tras descubrirse el pastel: la consellera Lola Johnson ya ha dicho que al menos lo de Terra Natura seguirá hasta 2013. Es posible que Fabra haya declarado que Camps se equivocó en lo del caso Gürtel, pero hay cosas que nunca cambian.
El cortijo: ya estamos todos.Los terrenos de influencia de Terra Mítica funcionan como una especie de coto privado de la Generalitat en pleno término municipal de Benidorm. Algo así como el señorío de un noble feudal al que el burgo (la ciudad, Benidorm) no tiene acceso. Y esto (los historiadores lo saben bien) sí que es un regreso a la Edad Media. En este señorío, por cierto, hay rostros bien conocidos: está el sobrino del exconseller Juan Cotino, socio de Terra Natura; está (o ha estado) el propio Cotino, que como conseller de Medio Ambiente se encargaba de regular las densidades urbanísticas de los apartamentos que también se construían en la zona; y está el constructor Enrique Ortiz -en Benidorm siempre está Ortiz-, que es uno de los promotores de uno de esos planes urbanísticos. Vamos, que no falta nadie. Y, mientras, González Pons paseándose de tertulia en tertulia y de radio en radio para platicar sobre la contención del gasto e instar al resto de los seres humanos del planeta a que nos apretemos el cinturón.
