Ante el año judicial más difícil

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Vicente Magro Servet Tras cuatro años de crisis económica, nada nuevo decimos al reconocer que uno de los sectores más afectados ha sido el de la Administración de Justicia. Un servicio público que ya estaba "tocado" y al que la acumulación de asuntos que se han ingresado en este periodo de crisis nos ha dejado en situación preocupante. Nótese que en la última memoria elaborada por el CGPJ respecto al año 2010 ya cifra el registro de asuntos en 9.384.389, lo que nos llevará inexorablemente a la cifra de diez millones cuando este año 2011 toque su fin. Una cifra impensable en el 2007 y que tiene su razón de ser en la altísima conflictividad social, laboral, empresarial y personal que ha generado esta larga crisis que al principio se nos presentaba como algo coyuntural y que nos ha llevado a preguntarnos hasta cuándo durará esta "coyuntura".
Mientras tanto, hay que buscar soluciones y en primer lugar hay que reconocer que resulta difícil afrontar esta sobrecarga de trabajo con una organización interna que es preciso cambiar, y sobre ello ya se está trabajando en el CGPJ en la configuración de una oficina judicial que supone un cambio brutal en el sistema interno, porque supone cambiarlo todo de arriba abajo. Y ya se sabe que asumir un cambio tan espectacular conlleva tiempo. El problema es que si estos cambios se hubieran podido realizar en una situación de más normalidad hubiera sido todo más sencillo, porque ahora nos acucian las prisas ante las cifras de registro de expedientes, y al mismo tiempo que ponemos en marcha los cambios internos nos hacen falta otro tipo de soluciones que aborden otros problemas, tales como la potenciación de la solución de conflictos por vía extrajudicial, como el arbitraje o la conciliación previa, que siguen sin explotarse en las amplias posibilidades que tienen, y lo que es más importante, sin que toda disputa entre las personas tenga que resolverse en un juzgado, o bien que aun cuando ésta ya hubiera entrado pudiéramos estar en disposición de articular un mecanismo interno de mediación que evitara llegar al juicio.
Por ello, nos encontramos ante un año 2011-2012 que en septiembre inauguramos más difícil, -el más difícil-, porque aunque las necesidades de inversiones en este sector son extraordinariamente necesarias nos topamos con una falta de recursos y un periodo de reducción de inversiones en el sector público. Y ello, pese a que el rendimiento de los que trabajamos en este sector es cada vez mayor, y a las cifras nos remitimos, aunque exista una percepción distinta, ya que frente a los 9.384.389 asuntos registrados en el año 2010 se resolvieron 9.459.974 asuntos con los mismos medios humanos y materiales que había en el año 2009. Si no hubiera sido por la crisis, el esfuerzo llevado a cabo en estos tres últimos años en los que se ha resuelto más de lo que ha entrado, la situación sería muy distinta, porque los asuntos en trámite están por los dos millones todavía y la acumulación que había más el exceso de registro por la crisis no acompaña. Ante todo esto no hay que olvidar que aunque seamos conscientes de que hay que ajustar los presupuestos, la justicia precisa de ayuda. También lo están otros sectores públicos, pero todos los conflictos que hay en el país, que no son pocos, y de todo tipo, desembocan en los tribunales. Además, la sociedad tampoco hace mucho por evitarlos, sino que se buscan y se incrementan. No hace falta nada más que leer los periódicos. Se quiere judicializar todo y la vida no puede estar tan judicializada como lo está en la actualidad. Y si este es el camino, o dotamos a la justicia de fortaleza o el Estado de Derecho se resentirá. Es una cuestión de graduación de necesidades y de urgencias. Y tenemos que valorar qué es lo urgente. Lo es la sanidad, sobre todo, el empleo, las infraestructuras y la educación. Pero a la justicia no la podemos olvidar. Si judicializamos la vida a su máxima expresión habrá que, en la misma proporción, elevar la posición de la justicia en el ranking de las prioridades. Porque no puede estar en el último en los presupuestos, y luegoÉ exigírsele como si se le dotara de recursos como al primero.

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