La modificación de la Constitución para incluir en ella el principio de equilibrio presupuestario es la constatación de que en la batalla económica que ha mantenido España hay un ganador -los mercados- y un perdedor -el Gobierno socialista-. El armisticio firmado por Zapatero es la última pirueta de un Ejecutivo agónico que empezó negando la crisis, abanderó la lucha contra ella tirando del crédito y ha terminado aplicando la receta del ajuste, ante el regocijo de Rajoy, que ha secundado una reforma de la Carta Magna que lleva el agua al molino de sus recetas económicas. El nuevo rumbo nos conduce por un largo y tortuoso camino de recortes del que sólo se sabe una cosa segura: de él saldremos mucho más pobres. Existe el convencimiento de que esta es la única vía posible para superar la crisis y la interiorización de que no hay otra solución es la que está permitiendo que un país con más de cinco millones de parados tenga una conflictividad social tan baja. Hay movimientos como el 15-M, que se ha erguido en España, ante el descrédito de los partidos y los sindicatos, como la única voz capaz de hacerse eco entre los ciudadanos para sacarlos a la calle a reclamar medidas políticas de fondo que pongan coto a los desmanes de los mercados, pero todavía no tienen la fuerza suficiente para forzar los cambios necesarios a nivel internacional que hagan posible otro tipo de política económica. Así las cosas, la inmensa mayoría de los españoles contemplamos con resignación la que se nos viene encima, con la única esperanza de que esta vez los gurús de las finanzas, que han dado sobrados motivos para tenerles una gran desconfianza, den con la tecla que nos lleve por la senda de la recuperación económica y no sea esta una receta, como algunos economistas han pronosticado, que nos lleve de nuevo a la recesión y de ahí a más destrucción de empleo y mayor desigualdad social.