Era como el huevo de Colón en versión urbanística. Tras cargarse una zona verde para hacer un parking en la Rosaleda, el TSJ y el mismísimo Tribunal Supremo obligaron al Ayuntamiento de Alcoy, dirigido entonces por el PP, a dar marcha atrás y a devolverle a este parque público su aspecto original. Se hicieron concursos de ideas para arreglar el desaguisado y al final, se optó por una solución simple, pero brillante: echamos unas cuantas toneladas de tierra sobre el cemento, colocamos unos cuantos arbolitos y así, todos contentos. Los ecologistas vuelven a tener su zona verde, los dueños del parking no han de reducir el número de plazas, la corporación sale airosa del trámite, ya que al fin y al cabo "solo" se tiene que gastarse 800.000 euros y de paso, Alcoy se convierte en la única ciudad del mundo con una pequeña montaña hueca en pleno casco urbano.
Hasta ahí, todo perfecto. Los componentes del gobierno municipal del PP alcoyano se felicitaban, al entender que estaba entrando en su recta final una de las chapuzas políticas más vergonzosas de la historia democrática de Alcoy. Sin embargo, como en este perro mundo las alegrías suelen durar muy poco, enseguida llegaron los técnicos para aguar la fiesta, poniendo sobre la mesa una evidencia incontestable: si colocamos sobre el parking todos estos miles de kilos de tierra y de zonas ajardinadas, el parking se hunde.
La primera consecuencia que se extrae de esta situación dice muy poco de la buena voluntad política de los gobiernos populares de Alcoy, ya que tras violar todas las normativas del urbanismo, estaban dispuestos a saltarse a la torera hasta las más elementales leyes de la física. En segundo lugar, toca preguntarse con qué criterios se eligió este proyecto para la remodelación de la plaza: ¿nadie se dio cuenta entonces de que el exceso de peso podía provocar e hundimiento del parking?. Finalmente, hay que asumir que este clamoroso error de cálculo supondrá un nuevo encarecimiento del plan de reforma de la Rosaleda, cuyo coste final puede superar ampliamente el millón de euros.
Esta acumulación de desastres nos sitúa nuevamente ante la necesidad de que alguien asuma responsabilidades por una obra que, en pleno periodo de crisis y de recortes, va a dejar esquilmadas las arcas del Ayuntamiento. Conviene recordar en estos momentos, que este aparcamiento ilegal fue mantenido por el PP contra viento y marea, a pesar de las numerosas y razonadas advertencias en torno a la existencia de irregularidades. Tampoco hay que olvidar que la corporación municipal se ha gastado una pequeña fortuna en recursos judiciales, para intentar aplazar una condena que estaba cantada. Y por si esto fuera poco, el gobierno popular ha demostrado que se equivoca hasta cuando rectifica, dejando aprobado un proyecto de reforma de la plaza que no se puede ejecutar.
Al tripartito le toca ahora gestionar esta herencia envenenada. Si aplican aquello de que entre bomberos no hay que pisarse la manguera y despachan el asunto con unas cuantas declaraciones críticas contra el PP, habrán institucionalizado la impunidad más escandalosa. Los actuales gobernantes de Alcoy tienen la obligación moral de llegar hasta el fondo en este contencioso, aunque para ello sea necesario acudir a los tribunales. Es una cuestión de ejemplaridad, es la única manera de evitar que estas barbaridades vuelvan a repetirse en el futuro.
