No voy a hablar en profundidad de los detalles de la reforma constitucional cuyo trámite se ha iniciado en el Congreso, porque creo han sido analizados aquí por personas de mucha más autoridad y conocimiento de la materia que yo. Pero sí me gustaría hacer una reflexión sobre la forma y fondo de esta reforma hecha en los últimos momentos de la prácticamente agotada legislatura actual.

En primer lugar, sorprende ver cómo la Constitución, esa "sacrosanta" ley general de los españoles, que en treinta años prácticamente no se había tocado (la única excepción se refiere a una modificación con relación a la entrada de España en la Comunidad Europea), se ha podido reformar en apenas dos semanas, entre la propuesta del Gobierno, la respuesta afirmativa de la oposición y la estupefacción del pueblo español. Rapidez, inmediatez diría, es una de las primeras cosas que sorprenden.

En segundo lugar, la falta de consenso. La reforma, en su primer trámite en el Congreso, sólo ha sido aprobada con el voto favorable de PP y PSOE (también Unión del Pueblo Navarro), 16 votos en contra y la "no votación" de CIU. Aquí han sido muy acertadas las declaraciones de Duran i Lleida (una de las mejores cabezas de la política catalana y española) sobre que "se ha roto el proceso constituyente". Creo que es a las formas y a lo que estoy diciendo aquí a lo que se refiere Duran. No ha habido ninguna ruptura legal porque con el voto de los partidos mayoritarios es posible, pero sí ha obviado el consenso de todos las fuerzas políticas que una reformar así debería tener. Duran lo dirá porque habrá visto que con la reforma Cataluña perderá, entre otras, su autonomía fiscal, pero sea por lo que fuere "bienvenido al barco". Es cierto que PP y PSOE representan al 80% del electorado, pero una reforma así debería contar con las minorías políticas y tener el beneplácito del electorado.

En tercer lugar, el origen del impulso de la reforma. He oído claramente a la ministra Salgado decir sin ningún rubor que esta reforma se hacía "para calmar a los mercados". Declaraciones un poco contradictorias con las de que nada se ha impuesto desde Europa, nada ha dicho en la canciller Merkel, y no existe carta alguna del Banco Central Europeo insinuando la necesidad de la misma. Sea por la imposición de Merkel, por la del BCE, por la de los mercados, o por capricho de Zapatero, me es indiferente, creo que no se puede hacer una reforma en base a impulsos externos, y sobre todo sin contar con la aprobación del pueblo español, que es quien tiene la soberanía sobre la nación y sus leyes. Lo de la soberanía nacional, lo inventó el filosófo francés Rousseau hace más de 200 años, pero es que además figura en nuestra Constitución: "la soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 2)".

Por último hablaré sobre la finalidad de la reforma que pretende establecer un techo de gasto y mantener así el equilibrio presupuestario. No veo razón por la cual esta deba figurar en la Constitución, creo que se podría hacer igualmente por ley orgánica. Además, las políticas económicas son exclusivas de cada gobierno, no hay por qué convertirlas en principios constitucionales.

Después de estos argumentos adivinarán que estoy personalmente en contra de esta reforma. Luego están los argumentos políticos, a Rajoy le viene que ni pintada para su "no programa" y para Rubalcaba creo que ha sido un auténtico "cañonazo de fuego amigo" en su candidatura. No veo más beneficiarios de la reforma que Merkel o los mercados, y a ninguno de los dos los he votado. Así que creo que lo más razonable es pedir un referéndum para el 20-N. Nota: mi felicitación al diputado socialista alicantino Antonio Gutiérrez por la valentía en la defensa de su postura durante este proceso.