Únanse crisis económico-financiera y apertura de un período preelectoral y obtendremos dos ingredientes propicios para abrir debates de todo tipo. Ya contamos con los correspondientes a los supuestos del copago sanitario, una nueva posible tasa judicial, la recentralización y devolución de competencias de las Comunidades Autónomas al Estado, la financiación de las autonomías, las modificaciones fiscales o laborales puntuales o la desaparición de las diputaciones. Vendrán más en las próximas semanas pero, el último debate abierto es el de la desburocratización, el de la conveniencia o necesidad de reformar a fondo todas las administraciones públicas.
El diario INFORMACIÓN, en su edición del 26 de agosto, se hace eco de un documento sobre ello que se presentará previsiblemente en la Conferencia Política de los socialistas valencianos que se celebrará el próximo día 17 de septiembre. Parece que el documento plantea como fórmula magistral para dotar de agilidad a las administraciones la revisión del papel que juegan algunos profesionales como los notarios, los registradores de la propiedad o los procuradores, llegando a proponer la desaparición de alguna de esas profesiones o la modificación sustancial de sus competencias. La propuesta pretende "acabar con los intermediarios innecesarios" y desburocratizar la Administración, en palabras de Antoni Such, vicecoordinador del Comité Electoral del PSPV ante las elecciones generales. Se dice que el grupo popular está dispuesto a analizar esas propuestas, en opinión de José Marí Olano, portavoz adjunto del PP en las Cortes.
Creo que existe un amplísimo consenso en la formulación de ambos objetivos como deseables y necesarios: nadie quiere intermediarios que dificulten el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones por parte de ciudadanos y empresas ni una Administración vetusta, periclitada, decimonónica, lenta y cara. De acuerdo. Lo que ya no resulta tan pacífico y evidente son los instrumentos adecuados para lograrlo, la nítida determinación de quiénes son los innecesarios intermediarios ni de quién los debe determinar. Desde luego, no cabe señalar, precisamente, a los profesionales -los citados expresamente en el documento y todos los demás que desarrollan su labor en el ámbito administrativo, jurídico o económico, por ejemplo- como los responsables de las posibles ineficacias o ineficiencias que se detecten en el funcionamiento de las administraciones públicas. Bien al contrario, ellos también padecen directamente en su labor profesional e indirectamente, a través de sus clientes, los excesos de la burocracia. Y, bien al contrario, lejos de alimentarla la vienen combatiendo activamente: los profesionales colegiados y las propias instituciones colegiales están desarrollando -como lo reconocen expresamente los propios organismos públicos y los consumidores y usuarios de servicios públicos- un papel dinamizador de los procedimientos administrativos, simplificándolos y mejorándolos y colaborando muy activamente en la aplicación y desarrollo de los nuevos procedimientos electrónicos que acercan mutuamente a las administraciones y a la ciudadanía. Añádase un detalle: los profesionales colegiados generan un alto grado de seguridad jurídica y económica a los usuarios de sus servicios, lo que no es desdeñable ni para sus clientes ni para las propias administraciones.
Es una realidad fácilmente comprobable que la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Catastro Inmobiliario, la Dirección General de Tráfico, la Administración de Justicia y tantos otros organismos estatales, autonómicos o locales caracterizados por el extraordinariamente elevado y complejo número de gestiones y trámites no podrían desarrollar su labor pública ni cumplir sus fines públicos sin el necesario concurso de los profesionales. La Administración electrónica no podrá implantarse ni desarrollarse sin el concurso de los profesionales. La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo exige la colaboración comprometida de los profesionales, como la prevención de riesgos laborales o la protección de datos personales. La seguridad en el tráfico civil y mercantil sólo es posible con la intermediación de los profesionales.
Y así un largo, un muy largo etcétera. Sencillamente, no es posible una Administración moderna, ágil, capaz, eficaz, eficiente, descentralizada, sin la existencia, colaboración y cooperación de los profesionales y sus instituciones colegiales. Para desburocratizar las administraciones públicas, para que sean órganos verdaderamente técnicos y no una mera extensión política, para que cumplan con su papel de prestadoras de servicios públicos, de instrumento al servicio del interés general, los profesionales y los colegios profesionales son intermediarios necesarios o, más bien, simplemente mediadores imprescindibles. Postular lo contrario solo puede ser considerado desde un profundo desconocimiento de la realidad, desde un planteamiento demagógico o, en todo caso, desde un erróneo posicionamiento político electoral.
