Los precios bajos en origen de los productos agrícolas y ganaderos de la Comunidad Valenciana constituyen, junto al déficit hídrico y tal y como hemos denunciado con constancia, persistencia y hasta la extenuación en ASAJA Alicante, el principal problema que afronta el sector agropecuario. Los cítricos, la granada, la patata, la carne de ternera, los huevos, la leche,É pocos son los artículos de primera necesidad que no se han visto afectados por la evolución a la baja de los valores hasta límites insospechados, hasta un punto en el que la práctica totalidad de las frutas y hortalizas se venden por debajo del coste de producción durante campañas consecutivas. Estos hechos, como era lógico y previsible, han obligado a echar el cierre a numerosas empresas y más que seguirán haciéndolo en el futuro. En esta perniciosa y maniobrada situación, mucho tendría que decir la gran distribución y poco los factores que influyen sobre las divisas en un libre mercado.
Los que estamos inmersos en el sector agropecuario nos llevamos las manos a la cabeza cuando leemos titulares aparecidos en prensa como que los precios finales se dispararon en abril y registraron el mayor incremento mensual desde octubre de 2007. ¿Cómo puede ser que se den estos aumentos y que, sin embargo, los alimentos continúen bajando en origen? No tiene ningún sentido y no sólo perjudica seriamente a los productores, sino también, por supuesto, a los consumidores.
Otro hecho que se percibe sin parar es que las subidas de las cotizaciones en origen repercuten muy rápidamente y, en demasiadas ocasiones de manera exagerada, en los precios finales; mientras que los recortes en campo tardan mucho en reflejarse en lo que paga el consumidor, lo que impide una reactivación de la demanda que, a su vez, permitiría una mejora de los precios.
La creación de observatorios de precios ha permitido constatar claramente estos hechos, pero este instrumento no ha servido para acortar la diferencia entre origen y destino. El hecho de que las administraciones nacionales sean conscientes de esta situación tampoco ha supuesto, hasta el momento, ningún cambio de actitud de la distribución. Sin embargo, después de tantos años "dando leña", hemos encontrado nuestro aliento de esperanza en Bruselas.
El pasado 10 de marzo, una delegación de ASAJA Alicante mantuvo una reunión con el director de la delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas, Manuel Revuelta y el equipo técnico de la FCVRE (Fundación de la Comunidad Valenciana- Región Europea). No sólo eran conscientes de las prácticas abusivas que se cometen contra los agricultores, sino que se comprometieron a trasladar nuestras propuestas a los grupos de trabajo del Parlamento Europeo.
Durante los días posteriores, supimos que la responsable de agricultura de la Representación Permanente Española en Bruselas, Consuelo Pérez; los representantes del Comité Económico y Social Europeo (CESE); eurodiputados del Parlamento Europeo como Yolanda Pérez; responsables de la Comisión Europea, como E. Bokias y Teresa Marques, y los responsables del comité supranacional de agricultores y cooperativas de la UE, el Copa-Cogeca, entre ellos su director Paulo Goevia, eran perfectamente conocedores de los desajustes de la cadena alimenticia, producidos por el acaparamiento de mercancías, la especulación y el excesivo peso de una de las partes que intervienen en este "controlado mercado".
Teniendo en cuenta estas opiniones, parece factible que el Parlamento Europeo empiece a trabajar para dotar de contenido el apartado de Medidas de Mercado de la Reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y aprobar medidas que contribuyan a solucionar los problemas de los agricultores. Debo reconocer que nos alertaron de que es imposible cambiar la actual Ley de la Competencia, ya que distintos países miembros votarían en contra de esta modificación legislativa. Sin embargo, sí pueden adoptarse medidas intervencionistas encaminadas a fortalecer el escaso o nulo poder de negociación que poseen los productores y para que el Tribunal de la Competencia tenga una ley similar al "Decreto de Buenas Prácticas de Contratación y Comercialización para la Mejora de la Cadena de Valor Agroalimentaria y el Fomento de la Cooperación Empresarial" y esta institución deje de actuar como si fuera nuestro enemigo y el protector de las multinacionales y superficies comerciales.
Sé que ir a por el débil es más fácil, pero la situación es insostenible. El agricultor vende una caja de limones a 1 ? y cuando llegan a los comercios internacionales, como el de Bruselas, sólo uno de estos frutos alicantinos cuesta este dinero porque se supone que es de gran calidad. Pues bien, el Tribunal de la Competencia es ahí donde debe mediar, donde se producen los fraudes contra los productores y los consumidores. Sólo de esta manera se podrá garantizar la continuidad del sector agropecuario. Y hay mucho en juego. Si se extingue, la gran distribución debe ser consciente de que también sentirá las consecuencias. Si no deja de asfixiar a los agricultores, éstos desaparecerán y sólo podrán comercializar limones turcos o argentinos, carne de Mercosur, tomates de Marruecos y otros productos de Terceros Países que poseen un común denominador: no cumplir con las mismas garantías de seguridad alimentaria, por lo que los que se están "forrando" a nuestra costa, no podrán mantener sus elevados precios.
