Réquiem por los silos de San Blas

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Manuel Ayús y Rubio La noticia dada en el diario INFORMACIÓN de 20 de mayo por J. Hernández sobre la inmediata demolición de los silos de San Blas, recoge manifestaciones literales de algún técnico de la Administración dando razones y justificaciones que fundamenten argumentos que validen tal actuación de la Administración, que como pueden adivinar, el principio de la presunción de legalidad de los actos de las administraciones públicas queda en entredicho en su máxima ilegalidad, ética y moral. Manifestaciones incoherentes dadas probablemente para salir del paso o porque le queda lejos la protección del patrimonio arquitectónico. Pudo quedar en mejor lugar si hubiera contestado no saber nada del asunto.
No lleva a ningún sitio dar escusas gratuitas que no se sostienen ni técnica ni jurídicamente. Empezando porque la Administración local y autonómica debió en su momento y de oficio, proteger los silos de San Blas, iniciando el procedimiento de declaración de BIC o en su caso, el de catalogación si estuviéramos ante un bien de relevancia local.
Buscar escusas de contenidos vacíos y absurdos basados en supuestos de elevados costos para el mantenimiento de la res aedificatoria industrial, o que el hecho de no demolerlo requiera de modificaciones de varios proyectos, incoar nuevos procedimientos expropiatorios, etcétera, resulta de mal gusto y falaz por lo incierto en lo dicho. Si a ello se le añade, que el hecho de mantener los silos supondría más retrasos en la llegada del AVE, resulta cuando menos escandaloso para el interés general y por ende inadmisible e intolerable.
Hay que mostrar una tremenda insolencia técnica y humana para dar justificaciones de tales dimensiones que prueben el derribo inmediato de un bien del patrimonio cultural de la ciudad de Alicante y de la Comunidad Valenciana como una necesidad, técnica, económica y social, en el que se amparan en una serie de desaciertos que se encaminan a justificar, ante un lego, lo injustificable. Pero, lo más asombroso es la referencia hecha al cumplimiento de la norma sismorresistente, debido al sismo ocurrido en la ciudad de Lorca, ésta es la guinda de la hipocresía y de la inoportunidad.
Tal intento de justificar alcanza el grado de agravio a la inteligencia en la medida que, según se dice en este diario, la no demolición supondría adecuar los silos a la normativa sísmica presumiendo un incremento en la dificultad de la ejecución de las obras de restauración y de elevación gravosa de los costos por todos los proyectos que en tal caso deberían modificarse y las obras a realizar, supondría cambios sustanciales no contemplados inicialmente, etcétera. ¡¡Vamos!!, que después de tales subterfugios aún habrá que dar gracias al equipo técnico y a los administradores de la cosa pública por proceder a la comisión de una barbarie contra el patrimonio cultural de la ciudad, como la que se va a producir el próximo lunes, demoliendo los silos de San Blas.
En su momento, el equipo redactor del Plan General, con buen criterio y sensibilidad, incluyó en el catálogo de bienes y espacios protegibles a los silos de San Blas y siguiendo el procedimiento administrativo oportuno, se llegó a exponer al público. Después, inexplicablemente, la ficha donde se recogía la catalogación cultural de los silos desapareció del catálogo de bienes y espacios protegibles. Indudablemente, alguien con poder decisorio en la Administración advirtió de la incomodidad de la catalogación de estos silos (proposición técnica y decisión exclusivamente política) que se hizo desaparecer.
Por otro lado, los responsables del proyecto de Adif han mostrado nulo respeto por el patrimonio cultural de la ciudad y a los mandatarios municipales otro tanto de lo mismo. El proyecto viene confeccionado desde fuera y en su redacción y toma de datos del área a intervenir, tuvieron que contemplar y respetar el patrimonio industrial del escaso que nos queda, pero es obvio que les importó tres narices la conservación de la arquitectura industrial maravilloso ejemplo espacial y que permite una reutilización en usos culturales o administrativos de indudable valor además de una muestra de la arquitectura industrial digna de toda protección y divulgación.
El proyecto se pudo redactar respetando la conservación de los silos de San Blas sin que por ello supusiera un retraso de la llegada del AVE, sin generar problemas de ejecución material de las obras, ni aumento en los costos pues para eso están los técnicos para resolver con gran dignidad estas cuestiones que en ocasiones se nos pasan por alto. Todo lo alegado a J. Hernández es pura ficción, falto de rigor y una muestra de pobreza y de sensibilidad de los responsables del proyecto de Adif, que con todo respeto sea dicho, se pueden dedicar a otra cosa, pues el campo está falto de brazos.
¿Quiénes son los grandes perdedores de actuaciones arbitrarias de la Administración como ésta? En principio, la calidad de una ciudad se mide por la presencia de signos materiales del pasado en el presente. Así el disfrute intelectual, en la observación y contemplación, estudio, etcétera, la pierde el ciudadano, pues el patrimonio cultural se declara sustancial para el equilibrio intelectual de la persona y así lo consagra nuestra máxima norma a través de su artículo 46, cuando ordena a los poderes públicos garanticen la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. El patrimonio cultural es una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano y constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente a las instituciones y los poderes públicos que lo representan.
Lo más gracioso de todo esto, es que nuestro legislador trata, eso dice, de fomentar el aprecio general al patrimonio cultural, a través de la educación, y me pregunto ¿a quién educamos y por dónde empezamos? Pues no me cabe la menor duda que en cuanto a lo segundo, los primeros deberían ser los políticos, pues en su gran mayoría son auténticos maleducados, faltos de formación y de una mínima sensibilidad para con el entorno de la ciudad que les rodea y para el patrimonio cultural, que es la herencia que debemos dejar a las generaciones que dejamos en nuestro paso por esta vida.
Llega un momento en que uno duda sobre lo que ocurre a su alrededor, y en este caso, no sé muy bien si estos actos y formas de hacer de las administraciones públicas implicadas por concurrencia de competencias es fruto de un tremendo cinismo de quienes nos gobiernan, de arbitrariedad de las administraciones por clara connivencia para acabar con el patrimonio cultural y/o prevaricación de quienes toman la decisión.
Para concluir y dadas las características de este caso, poco se podía hacer al no disponer de amparo normativo claro e irrebatible para acudir a la vía judicial e impedir la barbarie de quienes toman tal decisión, los que estamos en otro lado nos toca tragar saliva y celebrar una missa pro defunctis.

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