La justicia existe

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Mario Candela Una noticia, que se publicó en el arranque de las Fiestas, nos ha devuelto por un instante la confianza en la justicia, tan vilipendiada estos días; nos ha acreditado que existe y que, de vez en cuando, no tiene reparo alguno en enmendar atropellos, dando satisfacción al más débil. Es lo que ha sucedido con el fallo del TSJ que ha obligado al Ayuntamiento de Alcoy a indemnizar con 101.467 euros a los vecinos de la calle Piló que fueron desalojados en 2006, en virtud de los ambiciosos planes de remodelación del casco antiguo y el interés general. Para situarse hay que volver a los hechos, quizá olvidados. El poderoso gobierno del PP del Ayuntamiento de Alcoy puso en marcha una rehabilitación del casco antiguo, que se acometió por la zona de la Placeta de Les Gallines. Fue aprobado un PRI que se adjudicó a un promotor urbanístico, el cual empezó a "rehabilitar", un eufemismo que incluye demoler un edificio tras otro para después edificar.
Hubo un ligerísimo inconveniente, cual era que muchas casas, en efecto, estaban en ruinas desde tiempos inmemoriales, pero otras estaban en condiciones e incluso habitadas por vecinos que las disfrutaban. El promotor y el Ayuntamiento negociaron con los vecinos que, lógico, pedían un precio por sus casas, mientras los otros no querían abonar mucho porque con ello ganaban menos. Total que se optó por lo más fácil.
Los vecinos empezaron a denunciar ante el Ayuntamiento que estaban teniendo problemas por las demoliciones de casas contiguas, pero el gobierno del PP hizo oídos sordos. Esto se repitió varias veces, con el mismo resultado, hasta que un día lo hizo el encargado de la obra de demolición: fue al Ayuntamiento y dijo que había visto "algo raro" en la casa en que vivían estas personas. Aquí, la respuesta fue fulminante:15 minutos después el arquitecto municipal acudía al lugar y, sin duda alguna, declaraba la casa en ruinas, siendo desalojados de inmediato los residentes.
Estas personas tuvieron que acomodarse como pudieron, por sus propios medios, mientras su casa era derribada y poco después se utilizaba el solar para levantar edificios. El Ayuntamiento y el promotor indemnizaron "adecuadamente" a los propietarios, con unos 2.000 euros por cabeza, haciendo caso omiso a las protestas de los afectados. Eran los gloriosos tiempos del "boom" del ladrillo. En una rueda de prensa se preguntó al portavoz del Gobierno y edil de Urbanismo, Fernando Pastor, por qué el arquitecto no fue cuando denunciaban los vecinos y sí cuando lo hizo la promotora, a lo que éste respondió con un vago "a lo mejor no funcionó bien el sistema".
Finalmente, el TSJ ha puesto justicia, aunque sea un poco, y ha obligado a indemnizar a los vecinos con algo más de dinero, que no sabemos ahora si saldrá de las arcas municipales o de los beneficios del promotor. ¡Ah! Y no es el único caso: Mohammed Amezian comunicó que un piso municipal estaba mal y una hora después estaban en la calle él, su esposa y sus hijos...

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