En el año 1987 realicé un trabajo sobre la "informalización" de la actividad económica, es decir, sobre lo que se conoce popularmente como economía sumergida o subterránea, en el que investigaba sus causas (económicas e industriales; políticas, institucionales y sociales; empresariales y laborales) y efectos negativo. Analizaba el denominado proceso de descentralización productiva y proponía una serie de medidas para la emersión de las actividades clandestinas.
El contexto económico español de aquella época se caracterizaba por una intensa crisis de carácter estructural y coyuntural y por una notable destrucción de empleo relacionada con la pérdida de competitividad y rentabilidad de la industria española (etapa de reconversiones y reestructuraciones de diversos sectores productivos). Un panorama semejante al actual, aunque motivado ahora por una crisis financiera e inmobiliaria (y no por una crisis industrial). Uno de los argumentos que utilizaba entonces era que crisis económica y alta destrucción de empleo estaban en el centro del auge de las actividades sumergidas, como un mecanismo espontáneo al margen del sistema legal para enfrentarse a los problemas de muchos españoles. 25 años después estamos cíclicamente igual.
Asimismo, calificaba a la economía sumergida como "consentida" en ámbitos sociales y políticos, no sólo por razones de "nuestra" cultura, también porque en momentos de crisis en los que se manifiesta una incapacidad de nuestro modelo para crear empleo, actuar directamente contra el fenómeno del clandestinaje podría provocar una cierta tensión y conflictividad social. La falta de respuestas para solucionar el problema del paro encuentra en la economía sumergida una salida alternativa, una vía de escape a una realidad todavía más negativa. Veinticinco años después estamos en una situación muy parecida. Muchas personas desempleadas no encuentran en el "sistema" la solución a su necesidad de trabajar, para vivir o para subsistir, están "indignadas" y se ven obligadas a desarrollar actividades clandestinas. La gente trabaja en la economía sumergida por desesperación, nadie por propia voluntad e interés.
Actualmente, el Gobierno de España ha aprobado una serie de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, incluidas en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, al considerar la importancia de los efectos negativos de la economía sumergida y, en particular, del trabajo no declarado, como elementos que distorsionan el mercado por la competencia desleal que tales situaciones generan respecto de la gran mayoría de las empresas españolas que actúan en el marco de la legalidad común, dificultando sus propias posibilidades de crecimiento dentro de dicho marco.
Además, la economía sumergida supone la disminución, cuando no eliminación, de las posibilidades de protección social de los propios trabajadores afectados y de sus condiciones de vida y de trabajo, en un momento en el que precisamente pueden ser más vulnerables ante las contingencias diversas relacionadas con el ciclo económico.
Se dispone de forma excepcional y temporal, de un proceso voluntario para los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular por no haber solicitado su afiliación inicial o alta en la Seguridad Social, pudiendo regularizar la situación de los mismos hasta el 31 de julio de 2011. Para ello podrán formalizar un contrato de trabajo con el trabajador, mediante cualquier modalidad contractual y cumpliendo con los requisitos legales.
También se incluye una medida novedosa de la que se ha hablado muy poco, y que sí podría tener efectos positivos si se cumple, "los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que estos ocupen en los mismos". Además, se considera como infracción por cada uno de los trabajadores afectados, el no realizar esa comprobación.
Observaremos en los próximos meses si esta legislación tiene resultados positivos, si consigue que la economía sumergida deje de estar tan consentida. Deseo que sí, pero creo que no.
La inspección y el control no crean empleo estable por sí solos, lo crea una economía dinámica y en crecimiento, ésta es la política que hay que impulsar, aprobando las reformas estructurales necesarias, apoyando a las empresas y fomentando el autoempleo.
