El papel de las administraciones públicas para salir de la crisis actual

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Martín Sevilla Agobiados como estamos ante los problemas que se han venido acumulando durante los últimos años alrededor de la crisis económica, en muchas ocasiones nos es muy difícil diferenciar lo que son los problemas coyunturales y a corto plazo, de lo que son problemas de mayor calado y que han permanecido entre nosotros durante muchos años.
Es cierto que, en muchas ocasiones se aprovechan las crisis coyunturales para afrontar reformas más profundas que llevaban encalladas muchos años y que solo en una coyuntura de alarma social o nacional podían ser asumidas por los agentes implicados. Véase sino lo que ha ocurrido con las cajas de ahorro. Pero en estas y en otras ocasiones, habría que dar más de una vuelta antes de acometer las medidas para intentar prever en toda sus consecuencias los cambios que se pretenden introducir.
Al parecer, existe un cierto consenso o, mejor, existe un lenguaje "políticamente correcto" sobre los males que aquejan a nuestras Administraciones Públicas: endeudamiento excesivo, duplicidad de funciones, mal funcionamiento de los servicios, pocas economías de escala debido al tamaño, amenazas de control por grupos corruptos, etc.
Estas situaciones, que afectan al corazón de nuestra vida pública, han tenido la oportunidad de airearse y discutirse con mayor énfasis durante estos últimos días de campaña electoral. Pero, como era de esperar, las campañas electorales no son un buen escenario para tratar seriamente los problemas que nos aquejan y, muchas veces, si lo hacen, las medidas propuestas van en sentido contrario a lo que los "analistas" consideran como adecuadas.
Pero, claro, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante unas elecciones municipales y autonómicas: ¿qué alcalde va a llevar en su programa electoral la desaparición de su propio municipio, como pretenden algunos?
Como muestra de estos planteamientos, el pasado mes de abril, el Círculo de Empresarios publicaba un estudio denominado "Administraciones Territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado" donde sintetizaba algunas de las propuestas que, desde su propio punto de vista empresarial, se deberían acometer en España de una forma urgente. Estas medidas se sintetizaban en tres ejes básicos de actuación: corrección de la laxitud presupuestaria con que funcionan algunas Administraciones Territoriales; definición del mapa competencial; y medidas en la mejora del marco regulador.
Estos planteamientos, por mucho que pongan en evidencia de nuevo algunos aspectos que lastran el funcionamiento de nuestras administraciones, no son evidentemente novedosos ya que los mismos los podemos encontrar no sólo en las exposiciones de motivos de las leyes que afectan a las distintas administraciones, sino también en el propio articulado de las normas.
Como el Círculo de Empresarios debe saber, estas cuestiones no dejan de abordarse por falta de una legislación adecuada sino, precisamente, por el incumplimiento de las normas por parte de las propias Administraciones, la falta de lealtad constitucional entre Administraciones y, lo más importante, por carecer de una voluntad política que desborde el ámbito estricto de los partidos políticos y los territorios para buscar soluciones lo más eficientes, igualitarias y adecuadas a los problemas.
Si bien la actual estructura territorial adolece de muchas ineficacias en su funcionamiento, también es cierto que la misma ha supuesto una mejora evidente en el funcionamiento de nuestros municipios y comunidades autónomas.
Pretender que con la desaparición de muchos de los más de 8.000 municipios que hay en España se va a ahorrar mucho dinero público o se van a controlar mejor los presupuestos públicos es desconocer que gobiernos que controlan más de 14.000 millones de euros anuales, y que tienen más que un tamaño adecuado para poder prestar eficientemente los servicios públicos de su competencia, se comportan como el más irresponsable y despreocupado de los gobernantes.
Si bien las reformas en las Administraciones Públicas y, sobre todo, la necesidad política de su realización son evidentes (recordemos que también es aplicable esta máxima al ámbito de la empresa privada y los empresarios sobre los cuales no estaría de más que el propio Círculo de Empresarios expusiera cuáles son sus propuestas de reforma), no deberíamos caer en el fácil ejercicio de dar fórmulas rápidas para solucionar problemas que exigen un esfuerzo considerable de reflexión y capacidad política parar ser llevado a cabo con éxito.

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