La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), anteriormente conocida como el Tribunal de la Competencia, al que tantas veces me he dirigido en artículos como éste, está distribuyendo entre las asociaciones empresariales la guía titulada "La competencia beneficia a todos". Contempla pautas que, sinceramente, ni de broma llego a comprender.

Recoge, por ejemplo, que "los cargos directivos de las asociaciones que las representan tienen que ser conscientes de que sus mensajes en forma de recomendaciones (una declaración de intenciones en los medios de comunicación, por ejemplo) pueden ser ilícitosÉ". En cierto modo, me agrada saber que, de vez en cuando, los responsables de la Comisión de la Competencia repasan la prensa y leen nuestras peticiones con relativo interés.

La CNC añade en su fabuloso manual: "Cuando una asociación realiza anuncios que pueden influir sobre la actuación de las empresas en materia de precios, ventas, condicionales contractuales y, en general, cualquier otra variable comercial capaz de señalizar a las empresas cuál debe ser su comportamiento, debe tener en cuenta que su actuación podrá ser analizada por las autoridades de competencia para valorar su objeto y sus posibles efectos restrictivos de la competencia".

Y, estimado lector, de mencionar "la necesidad de repercutir el incremento de costes" nada de nada, pecado capital, según destaca la práctica "octavilla". Si mal no recuerdo hasta el libro de Petete o, bueno, cualquier tratado de economía recoge que la máxima eficacia económica, es decir, la obtención del máximo beneficio posible, es el fin que persiguen las empresas y que este logro dependerá del uso que realice del precio de venta, la cantidad producida y los gastos que posea. Todo empresario deberá tomar en consideración estas variables. En jornadas y charlas para potenciar entidades rentables, lanzan consejos como tratar de ampliar el número de clientes potenciales, siempre y cuando se mantengan márgenes de precio adecuados. ¿Estas afirmaciones suponen una infracción?

Pues bien, ante tanta duda, solicitamos a la Comisión que nos explique bien para qué sirve la excepcional guía que nos han remitido y de paso, quién la paga. También le vamos a realizar una recomendación para que no dejen de perder de mira su verdadero objetivo: corregir las disfunciones que se producen en la cadena alimenticia, reconocidas continuamente en informes y comunicados públicos de organizaciones, asociaciones de consumidores y el propio Comité Económico y Social Europeo (CESE). En concreto, le aconsejo ilustrarse con el informe del CESE "Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa'", publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Centra problemas como la volatilidad de los precios, la especulación, la venta por debajo del coste, la falta de transparencia, la generalización de prácticas desleales y anticompetitivas o el escaso poder de negociación que poseen los agricultores para alcanzar acuerdos justos. Estos hechos son los que han provocado la situación de ruina por la que atraviesa la economía agrícola y de la que es responsable por omisión la CNC.

Los datos que tenemos encima de la mesa son escalofriantes. Cuando compran al agricultor ajo, le dan 1,26 euros y cuando llega al punto de exportación (al medio de transporte desde el que se destinará al mercado nacional o al internacional) este precio ya se ha disparado hasta los 2,35?. En el caso de la cebolla, los valores llegan incluso a triplicarse. Al productor le entregan 0,25? y cuando está en el camión o el barco para partir a otras zonas se sitúa en 0,78?. ¡Ojo! En estos casos concretos, como en el resto que conocemos y que ocurren todos los días, todavía no se ha producido ningún desplazamiento importante, por lo que el incremento no se explica por los costes del combustible. Usted se realizará otra pregunta: ¿Cuánto habrán encarecido el producto hasta que llega al comercio para su venta?

El CESE destaca otros abusos y constata una fuerte concentración de la demanda, que choca con la atomización de la oferta y condiciona el correcto funcionamiento del mercado. Defender la competencia está bien, pero tal y como reconoce el Comité Económico Europeo los problemas existentes deben solucionarse de manera urgente para que no "desaparezca el modelo agropecuario europeo". La producción agrícola no puede soportar más este complot oscuro, implícito y verbal, pero efectivo. Los problemas reales no los generan los agricultores que intentan unirse para no irse a la ruina, sino la gran distribución perfectamente organizada que impone su posición de fuerza, condiciones, plazos y precios, lo que ha condenado a la desaparición a numerosas pequeñas y medianas empresas agropecuarias. ¿Para cuándo entonces una guía para las multinacionales y un cambio de planteamiento?

En la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en el horizonte 2014-2020, desde ASAJA estamos intentando introducir en el pilar de "medidas de mercado", acciones concretas para estabilizar económicamente las empresas agrícolas, acabar con la venta a pérdidas y los abusos que se producen contra los agricultores, que personifican la posición más débil de la cadena alimenticia. Desde ASAJA Alicante creemos que la Comisión de la Competencia debería tomarse un periodo para la reflexión para identificar sus verdaderos objetivos y actualizar sus postulados con las directrices europeas para poder garantizar un sector dinámico, no ceder ante determinados intereses y cumplir con sus verdaderas funciones.