El sistema democrático basado en la participación popular a través de los partidos políticos permite que en ocasiones alguno ocupe el poder durante más de cuatro legislaturas, lo que ineluctablemente suele conllevar un aumento considerable del nivel de corrupción que per se atribuimos de origen a la clase política. Una vez asentados en la gobernación de las instituciones, y dueños del destino del erario público, no tardan en sufrir una relajación tal en sus costumbres, que en tiempo récord sus niveles de vida experimentan un ascenso meteórico y cualquier crítica es desviada al traído "chocolate del loro" que al poco presenta signos evidentes de indigestión. Los gobiernos de un mismo partido prolijos en legislaturas suelen terminar sus largos mandatos con corrupciones por doquier. Lo estamos viviendo, más bien sufriendo en nuestras carnes, en la Comunidad Valenciana. Los casos Gürtel a nivel autonómico o Brugal a nivel provincial en Alicante, son buena prueba de ello. Los populares vienen gobernando nuestras principales instituciones desde mediados de los noventa, lo que les ha permitido controlar tanto la administración pública como las cajas de ahorro, invadiendo casi sin oposición zonas restringidas que deberían haber quedado al albur de su omnímodo dominio.
La confusión llega a tal punto, que en folletos propagandísticos, como el de Castedo, se olvidan de que nos gobiernan hace dieciséis años y nos ofrecen instantáneas en antes y ahora, como si la precedente fuera responsabilidad de otros. Por pura higiene democrática es conveniente la alternancia en el poder, que evite lasitud en la administración de bienes ajenos, que suele terminar en corruptelas y conlleva profusión de prestidigitadores políticos del erario público con habilidades en escapismo.
