En Alicante convergen varias crisis, entre otras, la financiera internacional y la de la especulación productiva inmobiliaria. Además, en Alicante coinciden también numerosas incompetencias: la falta de vigilancia del Banco de España, las medidas de empobrecimiento de la población para salvar a los banqueros culpables de la crisis, y el tradicional déficit en políticas sociales que mantienen desde hace años numerosos barrios deteriorados en la ciudad. La lucha contra la pobreza es una acción urgente, no sólo un proyecto a largo plazo.
Alicante ha perdido en tres años más de 103.000 puestos de trabajo. Sólo durante el 2010 perdió un 2,6% de tasa de actividad; más del 40% de sus jóvenes no encuentran trabajo. La ciudad de Alicante ha duplicado su desempleo, nunca ha tenido tantas personas en paro. La provincia de Alicante cuenta con alrededor de 400 mil personas por debajo del umbral de la pobreza. Durante el 2010 en la ciudad de Alicante y sus alrededores los bancos ejecutaron más de mil embargos de viviendas, casi el doble que en 2009, el 90% en barrios de la Zona Norte. La previsión para el 2011 es superar con creces esa cifra. En la provincia de Alicante se ejecutaron 8.292 hipotecas, cifra sólo superada por Barcelona y Madrid. Alicante figura en el grupo de ciudades líder en viviendas vacías y segundas residencias, así como en personas sin hogar.
Además, vuelven a aparecer noticias de campamentos chabolistas y de brotes racistas, que en campaña electoral cobran renovado ímpetu. El empobrecimiento de la gente está originando la reagrupación forzada de familias en hogares patera y el retorno a sus viviendas de pensionistas que no pueden pagar el precio de la residencia de personas mayores o que, simplemente, el grupo familiar necesita el dinero de la pensión para mantenerse.
Ante este paisaje, las políticas públicas están resultando muy insuficientes. La renovación de las viviendas de la Zona Norte no puede quedarse en un lavado de cara urbanístico, como ocurre en Virgen del Carmen. Los equipos de intervención son excelentes, técnicos sociales de gran experiencia y muy implicados, sin embargo, faltan recursos económicos y compromisos políticos. La Renta Garantizada de Ciudadanía no alcanza a quien la necesita y tarda muchos meses en cobrarse: tan sólo el 1% de personas pobres del País Valencià la recibe, y del grupo de pobres severos sólo llega al 6%. Con la acción de la Ley de Autonomía Personal, ocurre lo mismo; literalmente, la gente muere esperando la ayuda: las ayudas tardan 18 meses en recibirse y sólo llegan al 0,7% de la población, mientras que la media española (que tampoco es para echar cohetes) está en el doble: el 1,5%.
Al mismo tiempo hay proyectos excesivos, locales, provinciales y autonómicos, que cuestan más de lo que ofrecen, sólo benefician a unos pocos y no generan los necesarios cambios del sistema productivo (la Volvo, Copa América, Fórmula 1É). Son políticas públicas al servicio de intereses privados con la colaboración de tramas de corrupción política aberrantes.
La alcaldesa de las macetas es, también, la de los planes inacabados, la de colegios en barracones, la de reducción de zonas verdes, la de la nula participación social y ciudadanaÉ La pobreza ha crecido en Alicante desde que comenzó la crisis, pero no toda la pobreza tiene que ver con la crisis, es anterior, es consecuencia de un sistema económico, el capitalista, defendido por políticas públicas conservadoras.
En Alicante encontramos, además, otras crisis: la ambiental es paradigmática: Unas macetas para compensar la ausencia de pulmones verdes en la ciudad, parches para solucionar problemas estructurales. Alicante tiene posibilidades magníficas para potenciar la agricultura ecológica y la energía sostenible, lo que generaría empleo de calidad y el muy necesario cambio de modelo productivo local.
La imposición de las medidas de recorte que implican la pérdida de derechos ciudadanos suponen un debilitamiento inaceptable del Estado Social, Democrático y de Derecho en nuestro país y en nuestra ciudad. Algunos responsables políticos de lo público han tomado partido claro por los especuladores y los culpables de la crisis.
Estamos a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas. En la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante creemos que es momento de poner en común nuestro diagnóstico social de la ciudad y de pedir a la ciudadanía que, a la hora de votar, considere esta información. Ir a votar es una oportunidad privilegiada para influir en la Alicante del futuro.
Ir a votar puede influir en hacer más progresivo el sistema fiscal y, por ejemplo, que se dedique a gasto social los más de ochenta mil millones de euros que, cada año, el Estado no recauda a las grandes empresas defraudadoras. Esto es incapaz de hacerlo la derecha o los partidos endeudados con los bancos de la crisis. Es fundamental verdaderas políticas progresistas, políticas de auténtica izquierda.
En la plataforma estamos por potenciar lo público, no por recortarlo más, por impulsar una red de servicios públicos de atención a la dependencia, por una reforma financiera cuyo centro sea la creación de una banca pública que garantice la financiación de las familias y de las PYMES y la imposición de un impuesto a las transacciones especulativas, por una política de protección contra los abusos bancariosÉ Estamos por la participación popular. Frente a los proyectos estéticos y publicitarios, optamos por la Alicante del bienestar, la ciudad acogedora, inclusiva y sostenible.
