El próximo domingo se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales. Para quienes observen el conjunto autonómico y local con objetividad, una nota destaca por su gravedad: el fracaso en la gestión realizada de los distintos gobiernos regionales, que los ha colocado al borde de la debacle. La morosidad en sus pagos ha precipitado injustamente el cierre de muchas empresas y les ha supuesto la pérdida del crédito y la confianza de sus proveedores en una gestión de que, en general, ha sido caótica e irresponsable, dejándonos como herencia un endeudamiento descomunal y una falta de liquidez insuperable.

A todos los dirigentes regionales de la oposición les ha parecido excelente que Zapatero haya metido en cintura a las finanzas del Estado, y les viene al pelo señalarlo como el principio y fin de todos los males económicos y sociales, mientras los del PSOE miran a otro lado esperando que escampe el diluvio electoral. Es verdad que Zapatero ha cometido importantes errores, pero de ahí a endilgarle la culpa de los desaciertos, fiascos, derroches, corruptelas y atrocidades cometidas en el terreno autonómico y municipal hay un trecho. Los ciudadanos asistimos ojipláticos a esta campaña electoral en la que importa más echar la culpa a los otros y exigir el voto "en contra de" más que "a favor de" que mostrar los programas y los objetivos a desarrollar en las comunidades o municipios.

Los políticos se enzarzan en furibundos reproches, en llevar al centro del debate cuestiones no ya regionales sino estatales, en culpar al enemigo político de los propios errores, cuando deberían hablar de aumentar el control del gasto autonómico y municipal, de buscar un pacto de Estado con las demás fuerzas políticas para resolver la deficiencia financiera municipal, de promover una profunda reforma para eliminar disfunciones, duplicidades y gastos innecesarios, y, en todo caso, prometer austeridad. Y es que del asombroso déficit de cualquier Comunidad, de la imposibilidad para emitir más deuda, de su descalificación por las entidades de rating, de la necesidad de acudir a la emisión de bonos patriotas no es culpable el Gobierno central. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que ha gastado a manos llenas, despilfarrando en obras faraónicas y en fastos vacuos, mientras el empleo, la competitividad, los niveles de educación y tantos otros indicadores económicos y sociales se derrumbaban poniéndonos en la cola de este país. Es lo que tiene creer que se empuña el volante de un Ferrari cuando se llevan las bridas de una simple tartana.

También echan "balones fuera" los municipios. Algunos ya anunciaron la imposibilidad de atender los gastos corrientes y de personal en la segunda parte del año, una vez que los recursos obtenidos por la venta de bienes patrimoniales se hayan extinguido. No sirve de excusa alegar que el marco legal en el que se apoyan sus finanzas es insuficiente y anacrónico, porque en la gestión pública se exige la moderación en el gasto, especialmente, cuando cuentan con una Hacienda residual, dependiente del ladrillo, y además, les está prohibido endeudarse.

Ante esta agónica realidad a la que han contribuido casi todos los partidos -porque en mayor o menor medida gobiernan a lo largo y ancho de la geografía nacional- parece una contradicción que los estudios de opinión vaticinen la amplia victoria de quienes tanto nos han endeudado, incluso estando encausados judicialmente. Algunos analistas lo consideran como una ausencia de sentido común en los votantes, sin tener presente que, a la hora de votar, son muchas las variables que intervienen; sin considerar que juega un importante papel la valoración de las alternativas; que quizá se prefiera apostar por "lo malo conocido antes que por ¿lo bueno? por conocer" ¿Es legítimo? ¿Por qué no? en política no solo cuenta lo que hacen quienes gobiernan sino, también, lo que hace o deja de hacer la oposición, y tanto unos como otros pueden no dar una a derechas, ni a izquierdas.

Hay otro aspecto destacable en estas elecciones: la confusión de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, más en particular, la contaminación de los desaciertos del gobierno central hacia las demás esferas territoriales. Las equivocaciones de Rodríguez Zapatero, se han extrapolado a todas las instituciones, y guiados por ese totum revolutum, los ciudadanos no disciernen entre la maraña de responsabilidades. La gestión de Zapatero ha estado precedida de un tardío y mal diagnóstico de la crisis, es cierto, pero su responsabilidad, que no es poca, debe limitarse a sus actos y esfera política, sin que le deban alcanzar los desaciertos en la gestión y administración de las Comunidades y ayuntamientos, yéndose de rositas quienes durante los últimos cuatro años han sido adalides del desatino territorial. Cada palo, sea del PSOE, del PP, independiente o de cualquier otro partido, debe aguantar su vela. Lo demás es confundir churras con merinas, y si lo que se va a juzgar son los errores y desaciertos del jefe del Gobierno sobran las elecciones territoriales y ganaríamos tiempo y dinero suprimiéndolas.

Si de humanos es errar, más lo es echar la culpa a los demás. Pero en ocasiones tan determinantes como unas elecciones, se deben juzgar hechos, programas y personas, siendo imprescindible que a cada uno se le pase factura de sus errores y aciertos, sin perjuicio de que debamos exigir a toda la clase política que responda mejor a la confianza que los ciudadanos les otorgamos poniendo en sus manos más de la tercera parte de nuestros cada vez más escasos ingresos. Qué menos que saber en qué, cómo y por qué lo gastan y exigirles que no lo dilapiden.