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Politización de la justicia

 03:08  

Jorge Cremades Sena La ilegalización de las listas de Bildu por el Tribunal Supremo y su posterior legalización por el Tribunal Constitucional pone de manifiesto de forma contundente la supeditación de la Justicia a los intereses políticos. El traslado para tomar la decisión desde la Sala Segunda del TC -compuesta por tres magistrados progresistas y tres conservadores-, que debería por turno estudiar el recurso de Bildu, al pleno del TC -compuesto por siete magistrados progresistas y cuatro conservadores- avala aún más lo anterior. No es la primera vez que el TC, más politizado por la forma de provisión de sus miembros, da un giro radical a las decisiones del TS, más jurídico, lo que provoca que, cada vez más, las decisiones de éste se recurran para conseguir el triunfo del ámbito político sobre el jurídico de forma descarada. Así, el fallo del TS, basado en sólidos informes de la Guardia Civil y Policía Nacional, que concluyen que Bildu -como otros antecedentes- es un instrumento manejado por ETA-Batasuna, queda anulado por el TC. ¿Cómo es posible que las pruebas aportadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado sean tan contundentes para unos magistrados y no para los otros? ¿Es o no Bildu un instrumento de los terroristas? ¿Qué sucedería si la composición del TC fuese mayoritariamente conservadora? ¿Hubiera recurrido Bildu en caso de serlo? Las respuestas sinceras a tales preguntas evidenciarían hasta qué punto la carga subjetiva de las decisiones judiciales rebasa la razonable interpretación individual de cada uno de los juzgadores sobre las pruebas objetivas aportadas.
Es de suponer que tanto la decisión del TS como la del TC se ajustan a derecho; lo contrario sería perverso. También es de suponer que los jueces y magistrados que integran dichos tribunales gozan de la solvencia suficiente para ocupar tan importantes oficios; lo contrario sería lamentable. Al tratarse de tan altas instancias se supone que sus posibles errores judiciales, más comprensibles en primeras instancias -para corregirlo están precisamente las instancias superiores-, han de ser prácticamente nulos. No es de recibo pues que la resolución del TS no se ajuste a la Constitución, única causa que explicaría su anulación por parte del TC. ¿Tan incompetentes son los miembros del TS que no tienen en cuenta la inconstitucionalidad de su fallo? o, ¿tan politizados están los magistrados del TC que anulan una resolución jurídicamente correcta y ajustada a derecho? Necesariamente una de las dos respuestas ha de ser afirmativa -o las dos-, ya que responder negativamente a ambas supondría que nuestro Estado de Derecho se basa en una normativa tan subjetivamente interpretable que nos somete a una inseguridad jurídica intolerable. Es urgente pues que el Legislativo, por pura higiene democrática, tome medidas para que este bochornoso espectáculo, cada vez más frecuente, no vuelva a repetirse. La Justicia, salvo que estemos pensando en volver al Antiguo Régimen, no puede estar sometida a los vaivenes políticos del lógico juego de mayorías y minorías del Estado de Derecho. Su cometido es aplicar las leyes vigentes de forma objetiva, amparándose en su propia independencia y profesionalidad y al margen de lo que en cada momento sea más o menos conveniente políticamente.
Hay que tener en cuenta que el TC -órgano constitucional que ejerce como supremo intérprete de la Constitución Española- no es de mayor rango que el TS -órgano de mayor rango dentro del Poder Judicial-, ya que su relación no es orgánica sino competencial, aunque en la práctica puede anular, como es el caso, las decisiones de éste y no al revés. Nada que objetar pues a la decisión del TC. Sin embargo, cuesta entender que el TS estime en su totalidad los recursos contencioso-electorales por los que Fiscalía y Abogacía del Estado solicitan la anulación de las listas de Bildu por tratarse de un fraude electoral al ser "un instrumento para permitir la entrada a las instituciones de la ilegalizada Batasuna" y que el TC, por una ajustada mayoría, revoque la decisión por "vulnerar los derechos fundamentales de los integrantes de la coalición". Cuesta entender que el TS no tuviera en cuenta el atropello que su fallo suponía a los derechos fundamentales citados. Si aceptamos el recto proceder de ambos tribunales, hemos de concluir que, en definitiva, la ilegalizada Batasuna tiene todo el derecho a participar en las instituciones democráticas y, obviamente, financiarse con los impuestos que aportamos todos los ciudadanos en beneficio del funcionamiento del Estado de Derecho que ellos pretenden eliminar a través de la violencia. Es una conclusión a todas luces incomprensible para el común de los mortales aunque para algunos sea la mejor forma de defender nuestra democracia. Cabe preguntarse ¿para qué ilegalizar entonces a Batasuna?, estéticamente hubiese quedado mejor no hacerlo y, políticamente hablando, sería incluso mucho más correcto. Al menos nos hubiésemos ahorrado el bochornoso espectáculo protagonizado por tan antagónicos altos tribunales.

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