Nada es inocente. Cuando a finales de 2010, el gobierno de Benidorm(PSOE) decidió auditar la gestión de los anteriores ejecutivos del PP sabía que las conclusiones del estudio se dispersarían como una ráfaga de metralla en plena campaña electoral. Tuvo tiempo de encargar antes la auditoría: entonces nadie le hubiera podido reprochar su evidente carácter oportunista. Ahora bien: ese cálculo de tiempos un tanto maquiavélico de los socialistas -realizado además con dinero público- no debe ocultar el resultado de la investigación, que es escandaloso: edificios emblemáticos cuyo precio se encareció con cifras millonarias sin justificación o porque había que colocar una tarima flotante en un despacho; empresas que obtenían adjudicaciones ofreciendo servicios imposibles; documentos desaparecidos como por ensalmo; un caos contable. Como respuesta a un dictamen realizado por una empresa privada que se juega su prestigio en el envite, el PP se ha limitado a subrayar algunas presuntas participaciones de los socialistas en los procesos de adjudicación, que en todo caso se hicieron bajo mandato de Pérez Devesa y Pérez Fenoll. Ninguna otra explicación. Debería dar alguna. ¿O en qué clase de democracia estamos que ya ni siquiera atendemos las palabras del contrincante que contienen acusaciones tan gruesas para los intereses de una ciudad?
