Se ha venido utilizando la denominación de "pirata" en el marco de las nuevas tecnologías de internet para llamar a aquellas personas que se aprovechan del trabajo de otros en la red y "roban" todo lo que existe en internet para buscar provecho propio y en perjuicio de los autores de obras literarias, de artículos, de libros de todo tipo, películas, etcétera. El pirata informático se convierte así en un ladrón que se apodera del dominio ajeno sin mayor herramienta que un teclado de ordenador. Entra en tus propiedades, en el trabajo que te ha costado elaborar y lo copia para utilizarlo él mismo. En unos casos lo hace simplemente para consumo personal, pero en otros también los hay que lo hacen para lucrarse con esa actividad y explotarla la apropiación de material ajeno para hacer negocio con él. Quien tiene una página y la llena de contenidos asume el gasto que le suponen esos contenidos, esos autores a los que hay que retribuir para que sus obras puedan leerse en esa página web. Pero al pirata informático nada le cuesta. Se cree que todo lo que está en internet puede ser copiado y los defensores de la no intervención en estos casos abogan y opinan que copiar el trabajo ajeno es válido, que internet es libre y que nada ni nadie puede decirles lo que pueden hacer y lo que no. Pero como siempre esto es lo que se llama confundir la libertad con el libertinaje. Porque es impensable que esa libertad que se predica de internet exista al límite de que cualquiera puede hacer lo que apetezca en la red, con ningún coste económico personal y sin que pueda existir respuesta sancionadora por los organismos públicos.

Pero nada más lejos de la realidad. Apoderarse de ideas en internet es igual de ilícito que efectuar apoderamientos físicos en la vida normal con fuerza o sin ella en la ejecución de ese apoderamiento. Es por ello, por lo que la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) está haciendo gestiones para instar al Ministerio de Cultura que modifique el actual borrador de Real Decreto regulador del funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, para que clarifique los trámites y agilice la persecución de la piratería de diarios digitales. Hace unos días el diario El País se hacía eco de que en febrero de 2009, la revista estadounidense Sports Illustrated desveló que el jugador de béisbol Alex Rodríguez se había dopado con esteroides. La exclusiva, publicada únicamente en su edición digital, no fue el artículo más leído sobre esta noticia. The Huffington Post recogió una nota de agencia que reflejaba el contenido de la exclusiva y en pocas horas había batido en número de visitas a los autores del artículo original. Y esta anécdota es el ejemplo perfecto del impacto de los agregadores de noticias, páginas y portales web dedicados a recomendar información, sobre los medios de comunicación tradicionales. Pero, señalaba, sus detractores argumentan que roban las noticias y se benefician del trabajo creado por otras publicaciones.

Se destaca así que ni Europa ni EE UU cuentan con una ley específica que determine en qué condiciones debe reproducirse el contenido de otros en internet, porque parece que se le ha querido dar tanta libertad al uso e implantación de internet que ahora es cada vez más difícil ponerle puertas y cerraduras a la extraordinaria libertad con que se utiliza esta herramienta sobre la que parece que todo el mundo puede operar, apoderarse del trabajo de los demás, incorporarlo libremente a su página, descargarse contenidos y abrir links con los de otros sin el mayor rubor al respecto. En definitiva, que lo que en la calle es objeto de sanción, en internet parece que es hasta obligado para poder ofrecer en tu página "mayor calidad"É aunque no sea tuyo el producto. Pero, qué le vamos a hacer. Esto es una vía más del monstruo que entre todos hemos creado. Por un lado, el que entiende que las obligaciones son para los demás y los derechos todos para mí. El que no conoce de responsabilidades ni de la legitimidad del Estado para imponer sanciones a otros cuando se infringen normas. El problema es que a veces esas normas no existen y, en consecuencia, las sanciones no se pueden imponer por atentar, en su caso, al principio de legalidad, que exige una tipificación de acciones ilícitas para poder sancionarlas. Por ello, lo que se pide a los gobiernos es mayor capacidad para delimitar todas las conductas que deben ser sancionadas y poner coto a la irresponsabilidad que reina en el mundo. En caso contrario parece que todo valeÉ y esa es la percepción y la sensación de la gente.