Nunca se entendió demasiado bien que la Fiscalía solicitara o no mostrara oposición ninguna a la decisión de desgajar el asunto de los trajes de Camps de la causa general, del caso Gürtel, pues la posible conexión entre los presuntos regalos al presidente de la Generalidad y las aparentes dádivas o beneficios obtenidos por la trama no podía descartarse "a priori", sin argumentación alguna, con más voluntad que certeza y con todas las dudas que una decisión de esta índole suscitaba, ya que, comunmente, la lógica nos dice que nadie suele regalar nada a cambio de nada y mucho menos en política y entre concesionarios y beneficiarios. A la vista, además, de las conversaciones mantenidas entre algunos imputados y Camps, cuanto menos tal relación de contraprestación debía investigarse y no rechazarse en el modo incomprensible en que se hizo, máxime cuando ahora nos enteramos de que el Gobierno valenciano, que preside Camps, no se olvide y que adeuda cientos de millones desde la era terciaria a casi todo el mundo, se ha mostrado raudo a la hora de pagar a la Gürtel en un solo mes seiscientos mil euros. Raro y llamativo como para seguir en la inopia y no ver lo que se puede presumir sin demasiado esfuerzo intelectual.
Ese empecinamiento en mantener que los trajes formaban una realidad independiente de toda otra, una entelequia debida a la mera liberalidad de los gestores de la Gürtel, a su generosidad inmensa y amistad indeleble, que se donaron porque sí y sin dependencia ninguna respecto de los hechos que constituirían, de ser ciertos, una compleja trama delictiva, ni se sostenía ni se sostiene racionalmente y las decisiones del TSJ de Madrid y el de Valencia vienen a poner las cosas en el sitio en el que siempre debieron estar. La Fiscalía ha modificado, hace ya algún tiempo, su inicial posición, siendo loable y una reconciliación con lo que le es exigible pedir la acumulación de los hechos en un único proceso, pues ésta es la consecuencia inevitable de una conexión que debe investigarse para descartarla o confirmarla.
No hay obstáculo procesal para esa unión, antes al contrario la ley procesal en diversos lugares de la misma y en línea de principios establece mecanismos cuya finalidad es evitar que hechos conectados puedan ser enjuiciados por separado dándose lugar a sentencias contradictorias, fraccionadas artificialmente e inútiles para la determinación de la verdad. Lo que la ley pretende es eludir el enjuiciamiento de una realidad única en diversos procedimientos separados y cualquier interpretación que se haga ha de tender a esa unidad imprescindible, no a lo contrario. Otra cosa, aunque se apoye en argumentos, algunos de ellos discutibles por novedosos y otros rigoristas hasta el extremo, contraria al espíritu de la ley y a la lógica que debe presidir toda interpretación razonable.
En consecuencia, el TSJ valenciano ha actuado correctamente al aceptar la inhibición de Madrid, pues carecía de sentido desgajar una causa en varias partes y hacer aparecer unos presuntos regalos como cohecho impropio, cuando tal vez pudieran serlo propio, con todo lo que ello significa. Esta decisión pone fin de momento a la estrategia de que "sólo se trataba de tres trajes" -en todo caso eran doce, camisas y pantalones-, y a una campaña mediática del PP orquestada y soportada por su dirección nacional, ante su reconocida impotencia para poner en su lugar a un partido que en esta comunidad ha batido todos los récords de incapacidad. Algo debe hacer Madrid ante esta situación si no quiere que le pase una factura merecida en futuras elecciones, pues la diferencia en la intención de voto puede variar ante tanta dejadez y tolerancia.
Si todo va como debe ir, es muy posible que, antes de las elecciones generales, se enjuicie el asunto Gürtel en todas sus ramificaciones y es ahí, en el juicio, en el conocimiento de hechos de gravedad innegable donde Camps va a encontrarse ante un escenario del que le va a ser muy difícil escapar y donde su partido en Madrid habrá de posicionarse claramente. Si hace unos días el discurso de la persecución por una bagatela podía sostenerse por algunos aún a sabiendas de que no era creíble, hoy la cuestión ya no es esa y la imputación que puede dirigirse frente a Camps conlleva penas de prisión e inhabilitación, no solo multa. Su elección puede en el futuro verse empañada por una salida judicialmente impuesta del cargo, pues las elecciones no absuelven ni condenan penalmente.
El PSPV anduvo en este tema, tras un inicio también dubitativo, sólido en su acusación, que fue por cohecho propio, lo que arruinó la anunciada estrategia de los populares de conformarse con la pena de multa.
De todas formas, yo sigo insistiendo en lo que dije hace muchos meses. La trama Gürtel no es valenciana o madrileña, sino que alcanza a diversos territorios y a muchos dirigentes del PP, lo que exigía que fuera el Tribunal Supremo el que conociera de la totalidad del asunto, sin fraccionamientos, ni acotaciones artificiales. Sólo así nos podríamos haber enterado de la gravedad, de ser ciertos, de unos hechos que nunca, a la vista de la solución procesal ofrecida, verán la luz en su íntegra complejidad aunque aquí, tras la decisión loable del TSJ se haya dado un paso a favor del conocimiento de la verdad, la que sea, pero la verdad.
