La letra pequeña de la ley le sirvió a la Junta Electoral para anular, a instancias del PP, la presentación de la lista socialista de Agustín Navarro con el argumento de que una plataforma cívica como Pasión por Benidorm, que no se presenta a las elecciones, no podía coorganizar ese acto. Pero que se silencien las voces y los micrófonos no puede gustarle a ningún demócrata. Uno puede estar de acuerdo o no con Navarro, con el PSOE y con todas sus pasiones, pero hace ya décadas que Sartre le dijo a su enemigo político que "pese a no estar de acuerdo con lo que usted dice, lucharé hasta el último momento para que pueda decirlo". Lo del viernes no fue precisamente una fiesta democrática: más de 2000 personas se quedaron esa noche sin palabras y el PP, que utilizó su legítimo derecho a invocar la ley ante la Junta Electoral, obtuvo como contrapartida un rédito pobre: provocó que Navarro se presentara como víctima de la falta de libertad de expresión -y a Navarro ese papel le va muy bien- y logró crispar la campaña en base a legalismos de letra pequeña que la mayor parte de los ciudadanos no entienden. En cambio, tienen razón los populares cuando exigen a Pasión por Benidorm que explique factura por factura y gasto por gasto quien está pagando el fenomenal despliegue publicitario a la mayor gloria del propio Navarro, desde gigantescos actos bajo gigantescas carpas hasta carteles que decoran media ciudad. La plataforma debe hacerlo porque, con su apoyo al alcalde, ha dejado de pertenecer a la esfera privada y tiene la obligación de aclarar a la opinión pública qué empresas o particulares le financian y si unas y otros tienene que ver -o no- con el propio PSOE y con el propio Ayuntamiento. Algo, por cierto, que también deberían hacer todos los demás. Incluido el propio PP.
