El pasado lunes se publicó es este periódico un artículo del catedrático de Derecho Constitucional de nuestra Universidad, mi buen amigo Pepe Asensi sobre salarios. Su planteamiento es que la ruptura del pacto histórico establecido entre los factores Capital-Trabajo durante los años de la última postguerra europea es el causante de la tendencia actual a reducir salarios, y que la sociedad debe salir a protestar por ello. Me parece un planteamiento interesante como todos los del profesor Asensi por su trascendencia y actualidad, y susceptible por lo tanto de debate. A nadie satisface el fin del llamado "Estado del Bienestar", y sería bueno conocer las causas de esta realidad incómoda que nos toca vivir.

Para empezar creo que sería útil profundizar en el equilibrio capital-trabajo que se establece durante los 30 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Creo que estaremos de acuerdo en convenir que esta situación es consecuencia de un proceso de reconstrucción de todo el continente, destruido física y moralmente, y de la competencia con un mundo comunista poderoso y amenazante. La reconstrucción europea se produce en un plazo récord, financiada por capitales americanos y apoyada en el control de materias primas baratas procedentes de países en vías de desarrollo y del Tercer Mundo. Este crecimiento acelerado crea empleo y excedentes que se traducen en beneficios sociales y mejoras salariales. En su segunda etapa, el sistema salarial complementado con amplios beneficios sociales se consolida empujado por gobiernos de tinte socialdemócrata que hacen bandera de este modelo en países clave de la Comunidad Europea. La educación y la cultura se generalizan, y como consecuencia las sociedades de los distintos Estados empiezan a superar las viejas estructuras de las diferencias de clases. Aquí se instituye el llamado "Estado del Bienestar" consecuencia del equilibrio Capital-Trabajo.

Los gobiernos socialdemócratas de la época acuñan el modelo y se apropian de su autoría intelectual, cuando en realidad todo es consecuencia del proceso relatado. Lo que se hace evidente a partir de este momento, que podríamos fechar entre los últimos años 60 y primeros 70, es que el capital pierde su rango de estamento y se convierte en un mercado internacional de inversiones, mientras que la masa obrera se diluye en una burguesía con opciones de ejercer una profesión o crear una empresa. La acelerada reducción de la población agraria favorece el nuevo modelo, y sólo la inmigración tiene atisbos de las características del factor trabajo, aunque van siendo asimilados con el paso del tiempo.

Las crisis económicas globales, empezando por la del petróleo del año 73, consecuencia del deseo de los países productores de participar en el reparto de la tarta, comienza a poner en duda la patente occidental del "Estado del Bienestar". Empieza a cuestionarse ese don por el que los ciudadanos, sólo por el hecho de serlo, tienen derecho a un puesto de trabajo y a un salario dignos amén de otra serie de ellos como la vivienda y toda la batería de beneficios sociales. Todo esto será así si se es capaz de generar la riqueza necesaria, y mientras tanto es necesario ir adaptando el sistema a la realidad. Esta es la evolución en los Estados de la reconstrucción de Europa, que como principio se mantiene hasta el momento. En la actualidad se está viviendo una situación nueva, consecuencia de la integración económica y la unión monetaria, por la que las instituciones europeas deben imponer a los distintos Estados miembros el cumplimiento de ese principio básico, la creación de riqueza o en su defecto, la adecuación del gasto.

El caso de España es peculiar. Cuando comienza la reconstrucción europea España está condenada a una economía autárquica por su aislamiento político internacional. Durante los años del franquismo se pierde una gran parte de ese período excepcional de crecimiento. Luego, a pesar de la incorporación a Europa, o quizá a causa de ella, España no es capaz de dotarse de una estructura industrial del suficiente rango como para suponer una base económica. Hemos podido competir en otros sectores, siempre con las ayudas de los fondos europeos. Nuestro proverbial déficit de infraestructuras y vivienda potencia el sector de la construcción, y nuestras características socio-culturales, geográficas y climáticas nos convierte en un país de turismo y servicios. Este modelo es más vulnerable a las crisis económicas que el de nuestros vecinos industriales europeos.

Los últimos gobiernos de España no han sabido gestionar esta crisis. Su interés por escalar a toda velocidad las cotas europeas de beneficios sociales derivadas del viejo "Estado del Bienestar" les ha impedido medir a tiempo la magnitud del problema y se les ha hecho tarde para tomar medidas razonables. Las que hay que tomar ahora son de tal magnitud, afectan a los derechos sociales de tal manera que son inabordables por un gobierno de tinte socialista. Quisieran cambiar la realidad. Quisieran que en realidad existiera ese capital malvado que ha roto el pacto y pretende negar a la clase obrera los beneficios adquiridos. Pero es que ese malvado capital no es otra cosa que un mercado internacional de inversores, que para prestarnos su dinero tiene primero que confiar en nosotros. Y la clase obrera, la otra parte del pacto, es un conjunto de empleados, profesionales, autónomos y pequeños empresarios que en gran número se han visto obligados a perder su actividad.

La realidad es que por la mala gestión económica de los últimos años hemos perdido el derecho al poco bienestar que teníamos antes de los últimos gobiernos socialistas. Si lo queremos recuperar, no tenemos más remedio que "arrimar el hombro": trabajar más y mejor, gastar menos y ahorrar lo poco que se pueda. En el ámbito privado los españoles ya lo estamos haciendo. Sin embargo, el sector público sigue de espaldas a esta realidad, intentando transmitir el mensaje de que las medidas que se adoptan a regañadientes son "deberes" impuestos por Europa y los mercados de capitales, una especie de castigo que no nos merecemos.

Este planteamiento implica la pérdida del liderazgo social, indispensable en un Gobierno democrático. Ante esta evidencia y para recuperar el terreno perdido, el partido que le sostiene manda protestar, protestar por la ruptura del famoso pacto. Ahora bien, ¿a quién dirigimos la protesta? ¿Quiénes protestamos? ¿Qué conseguiremos con las protestas? ¿Vamos a manifestarnos ante la casa de aquel pequeño empresario que ha tenido que cerrar y enviar al paro a sus diez empleados porque el Ayuntamiento para el que trabajaba no le paga las facturas? Si es así vayamos pronto, porque están a punto de quitársela por no pagar al banco la hipoteca.

Hasta ahora hemos visto materializada la protesta en una huelga general, en la que se hizo patente la esquizofrenia del Gobierno nombrando ministro a un huelguista. Ya se anuncia la segunda, y parece que la idea es seguir así: sindicatos de una clase obrera inexistente protestando contra un malvado capital inexistente. ¡Viva el surrealismo!