Ha comenzado recientemente uno de los juicios más interesantes. Me refiero al macrojuicio sobre la corrupción en Marbella. Esa apertura del juicio oral en la Audiencia de Málaga, con una sala de juicios en la que todos los bancos quedaban ocupados por acusados, producía atroz desasosiego. Todos, todos los individuos que estaban allí sentados eran gente implicada; una situación vergonzosa que se devoraba a sí misma. ¿Qué sucede cuando un pueblo cae en una corrupción así de generalizada? Vale decir que aquí no solo estaba sentada la clase política -anteriores alcaldes y ediles partidarios de una u otra ideología- sino también técnicos, sobre todo técnicos bien formados en derecho urbanístico. Y uno entre todos, Roca, sobresalía como el abogado urbanista mejor preparado del momento. Además, para dar un toque humano, también cabían folclóricas, tonadilleras y hasta algún futbolista retirado. Leo asombrado que cuando se produjo la moción de censura en el Ayuntamiento Marbellí, desplazando al anterior alcalde, la nueva corporación proclamó como objetivo la redacción de un nuevo Plan General. He aquí la clave del asunto. Nada menos que el ayuntamiento queda acusado por los fiscales, por ser asociación mafiosa montada para delinquir. Y su objetivo resulta curioso: el expolio fraudulento se ejercía desde la redacción de un Plan General. ¡Qué ironía! Hasta ahora el fin de una banda era asaltar un banco o apropiarse del dinero ajeno. Pero ¿redactar un Plan General? No me negarán que este hecho resulta al menos sorprendente.
Ello no tendría mayor interés si no fuera porque libera la punta de un iceberg donde cabe esa extraña situación que relaciona desarrollo urbano y corrupción política. Mal muy grave resulta que se haya convertido en "normal" la relación entre el "boom inmobiliario" y la corrupción. ¿Qué podemos descubrir que no se sepa? En primer lugar son los ayuntamientos las instituciones más fáciles de corromper. Aunque sus órganos de control es decir las administraciones autonómicas tampoco, en algunos sitios, van a la zaga. La falta de control por organismos superiores de los ayuntamientos salta a la vista. El primer elemento indómito viene a ser la capacidad municipal de decidir. Por tanto la "autonomía municipal" en cuestiones urbanas y el reducido control por parte de las autonomías y del gobierno, pueden ser el inicio de la mancha de corrupción. Sobre todo si se ayuda de la interpretación dominante en nuestro mundo jurídico, capaz de otorgar mayor autonomía a las decisiones municipales, reduciendo sin embargo, la tutela de los órganos superiores. Recordemos aquel magnífico discurso de Gil -entonces alcalde- en defensa de las competencias municipales en materia de urbanismo, cuando asumió la Junta Andaluza dichas competencias.
En segundo lugar, otro aspecto característico de muchos ayuntamientos entronca con el control funcionarial. Los funcionarios locales de habilitación nacional, como son el secretario e interventor, quienes desempeñaron tradicionalmente esta labor de control sobre las decisiones municipales, han sido silenciados. Su labor simplemente se ha borrado de las corporaciones, manteniendo vacantes los puestos y contratando interinamente a personal de confianza.
En tercer lugar, cabe aducir la creación de empresas públicas que asumen competencias municipales. Así se levanta un entramado administrativo difícil de fiscalizar por cualquier oposición investigadora. En Marbella el ayuntamiento contaba con unos 1.500 funcionarios y la red de empresas públicas con 2.000 contratados. Esto quiere decir que en la práctica, existían dos ayuntamientos, y los promotores, según sus intenciones sabían a cual de ellos debían acudir. Todo el mundo conocía de antemano que no era la concejalía de urbanismo sino la Gerencia, -ocupada por el abogado Roca- quien tomaba las decisiones benevolentes.
Por último quisiera señalar otra versión de la gestión urbanística que impuso lo extraordinario como normal. Me refiero al recurso de los "convenios con particulares", base del desarrollo urbano de Marbella. Concebidos para flexibilizar la rigidez del planeamiento, se convirtieron en acuerdos de recalificación, legalizados mediante su incorporación al nuevo Plan, o a través de una modificación del mismo. Baste decir que Gil firmó unos 900 convenios de este tipo en sus años de mandato.
Pero acudamos a nuestro momento. El cambio de ciclo económico en nuestro país posibilita por primera vez una discusión sosegada sobre el control de las decisiones municipales en materia de urbanismo. Y además creo que va apareciendo la existencia de una sociedad civil, la cual empieza a valorar la buena administración y a condenar la corrupción. Ello es fundamental.
