Si algo debe caracterizar a un cuerpo policial y más concretamente a una Policía Local, debe ser la objetividad, la justicia, la equidad; en definitiva, la legalidad a la hora de hacer cumplir la ley, defender y proteger los derechos de la ciudadanía. En un estado democrático como es el nuestro, la Constitución consagra en su artículo 103 la imparcialidad como una premisa fundamental que todo servidor público debe cumplir en el ejercicio de sus funciones. Hasta la fecha hemos encontrado el símbolo de esta imparcialidad a la cabeza de cada policía local en el funcionario de carrera de más alto rango dentro de la plantilla, es decir el jefe del cuerpo. Ellos son los artífices de que los agentes que los forman muestren en todo momento un correcto comportamiento en el desempeño de sus funciones, no permitiendo comportamientos arbitrarios, injustos, intolerantes o directamente ilícitos. Ellos deben ser las personas que marquen protocolos, normas de funcionamiento y en definitiva directrices que hagan que las policías sean eficaces e independientes de cualquier intento de manipulación política o partidista.

Pues bien, podríamos decir que en la actualidad las plantillas de Policía Local de la Comunidad Valenciana sufren un ataque directo y sin cortapisas a los valores arriba mencionados. De forma más significativa en la provincia de Alicante y, de una manera mucho más numerosa, en municipios gobernados por el Partido Popular. Este ataque se concreta en la figura de los, recientemente creados, cargos de director de seguridad y análogos que, al amparo de la Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, han proliferado como una herramienta político-partidista ante los problemas de seguridad ciudadana y tráfico que alcaldes y concejales arguyen.

No hay que olvidar que los mencionados directores generales son cargos de confianza, nombrados "a dedo" por el alcalde de turno, que ocupan una plaza gratificada con una altísima remuneración, sin que quede muy claro la forma de evaluar el mérito y la capacidad de la que nos habla la Constitución en el artículo antes mencionado, que los ha llevado a sentarse en el cargo. Bien podríamos denominarlos como "comisarios políticos" al servicio de intereses políticos de partido y que, a mi modo de entender, amenazan el funcionamiento imparcial y el correcto servicio prestado a la ciudadanía.

Algunos de los motivos que me hacen pensar en este empeoramiento de dicho servicio son los siguientes: En primer lugar, y salvando el caso de la ciudad de Alicante, el completo desconocimiento de lo que significa un cuerpo policial de estas características; es decir, en muchos casos los titulares de la direcciones de seguridad poco o nada tienen que ver con la Policía Local, y cito los casos de las Policías Locales de Torrevieja y Orihuela, los cuales provienen de las Fuerzas Armadas, importando una mentalidad cuartelaría y con cierto aire de autoritarismo, a un cuerpo que, como bien queda definido en la norma-marco, es una cuerpo armado de naturaleza civil.

Todo ello no hace más que repercutir, por un lado, en el ejercicio de la Jefatura del Cuerpo, encontrándose los jefes de plantilla en situaciones poco agradables, cuando no directamente enfrentados o ninguneados por el director general de turno, viéndose obligados en múltiples ocasiones a aceptar directrices y órdenes con evidentes connotaciones partidistas, y, por otro lado, en los miembros de las plantillas desconcertados por una situación de bicefalia en el mando, de una parte política y de otra parte profesional, que lo único que hace es generar confusión y tensión, especialmente en los mandos de la escala técnica por su proximidad jerárquica con las mencionadas jefaturas.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, bajo mi punto de vista, la figura del director general es antitética a cualquier esquema serio de organización, planificación o estructuración de la Policía Local a medio y largo plazo en cualquiera de sus facetas (personal, medios, formación, funciones, etc.). Es más que evidente que en la medida de que el cargo en cuestión es de designación política, la suerte de un director está indefectiblemente ligada al hecho electoral al que se ha de someter su valedor, constituyendo una obviedad su cese en caso de que la Alcaldía cambie de signo político. Y aunque suene algo pesimista, me temo que esta "moda" no ha hecho más que empezar, creo no exagerar al decir que cada vez serán más las plantillas de nuestra comunidad que cuenten con la "inestimable" presencia de este comisariado político, colocado por intereses de partido, en detrimento de la imagen, profesionalidad e imparcialidad de las policías de nuestra Comunidad.