Imaginen que un pacifista convencido se convierte en el máximo dirigente de un país. Imaginen ahora que el Estado vecino está gobernado por un belicoso mandatario cuya intención manifiesta es la de emprender una campaña militar contra el primero. En esa circunstancia, el líder pacifista tendría que optar entre dos alternativas. La primera, obedeciendo a sus principios morales, sería la de desmantelar todo su ejército. Es una medida que le honraría, qué duda cabe, pero esa decisión resultaría catastrófica para los habitantes de su país, pues el vecino tendría vía libre para conquistar su Estado y someterlo. La segunda opción consistiría en mantener a su ejército movilizado y disponible a la espera de tiempos mejores. Aunque ésta fuera una disposición que le desagradase, no implicaría la renuncia a sus convicciones pacifistas, sino precisamente la mejor forma de conservar las posibilidades de llevarlas a término algún día.
Este ejemplo, que puede parecer exagerado o simplista, retrata bien el tipo de conflictos ante los que tiene que enfrentarse un político a la hora de tomar decisiones, pues las convicciones y el escenario político concreto no suelen ir de la mano.
En la actualidad, el PP esta enfrentando al PSOE y a la Comunidad Valenciana. El primero, desde que Eduardo Zaplana se convirtiera en alcalde de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga, campa a sus anchas por las instituciones valencianas. Es un PP que a diario ningunea a la oposición, ataca constantemente y desde todos los frentes posibles al PSPV-PSOE y manipula sin escrúpulos Canal 9. Por si eso fuera poco, en su afán por acaparar todas las instituciones y asfixiar políticamente al rival, los populares no han tenido reparo alguno en romper el pacto antitransfuguismo, arrebatando a los socialistas las alcaldías de varios ayuntamientos alicantinos: las de Calp, Dénia, La Vila Joiosa y La Vall de Laguar.
Sin embargo, en este contexto de avasallamiento, el PP de la provincia de Alicante, con graves problemas internos entre sus distintas facciones, provocó una situación insostenible en Benidorm: la salida de uno de los concejales populares y su pase al grupo de los no adscritos dejaron en minoría al alcalde. Las luchas en el seno del PP dejaron sumido al municipio en una situación de ingobernabilidad política y parálisis institucional inadmisible.
Si bien es cierto que la política se basa en la confrontación de ideas y de formas de entender el mundo y la vida, no basta con explicarlas. El político ha de ser una persona de acción y, como miembro de un partido, su objetivo debe ser el de alcanzar el gobierno de las instituciones para, desde allí, transformar la realidad, aproximándola a sus propias convicciones, no aguardar a que éstas, por arte de birlibirloque, encajen en la realidad.
El político tiene una responsabilidad ante la ciudadanía, una responsabilidad que le exige, sin perder de vista sus principios morales, velar por los intereses de los electores. Además, ¿cómo va a convencer el PSPV-PSOE a los votantes de la validez de sus ideas, de lo adecuado de sus proyectos y de la capacidad de sus dirigentes, si no alcanza el gobierno de las instituciones, si renuncia a poner todo ello en práctica alegando un puritanismo moral que choca brutalmente con la realidad? Los ciudadanos necesitan políticos decididos que resuelvan sus problemas, gentes activas que, guiadas por convicciones firmes y dignas, sean capaces de proceder con contundencia cuando la ocasión lo requiere.
Lo expuesto es un asunto serio sobre el que conviene reflexionar. En el caso de Benidorm, el PSPV-PSOE debería guardarse mucho de parecerse a ese líder pacifista dispuesto a desmantelar su ejército mientras los Estados vecinos y pendencieros afilan contra él sus armas.
