Apartir de 1993, "Paro, despilfarro y corrupción" fue el mantra con que el que Aznar machacó una y otra vez al Gobierno socialista hasta conseguir desalojarlo del poder tres años después. La frase está tan sobada como el "¡Váyase, señor González!" que Rajoy repite todos los días con Zapatero para eludir su propia responsabilidad de presentar un programa político alternativo a la improvisación de que hace gala el actual Ejecutivo, de nuevo socialista. Pero, por muy tópica que resulte, no hay ninguna otra que defina mejor la situación en que se encuentra la Comunidad Valenciana ahora que su estado vuelve a debate en las Cortes.
La Comunidad está en quiebra. Quiebra económica, quiebra política, quiebra social y quiebra moral. Somos la región más endeudada en términos relativos y casi absolutos, con una deuda por habitante que ya sobrepasa los 4.000 euros. La Generalitat no tiene ni para pagar los gastos corrientes y, de no ser por las cajas, esas que ya hemos perdido, habría incurrido ya hace tiempo en el ilícito penal de no abonar las nóminas de los funcionarios. Los que pertenecen al sector de la Educación ya saben de qué hablo, porque las Universidades se las ven y se las desean para pagar a final de mes los sueldos y los profesores de Primaria y Secundaria ya han visto en más de una ocasión cómo sus emolumentos no eran ingresados en tiempo y forma.
La bancarrota es total. Los proveedores que no cobran son ya legión y la suspensión de pagos de facto (de jure no sería legal, así que se hace pero no se dice) se produce cada año con mayor anticipación: la circular de Hacienda ordenado al resto de consellerias que dejen de pagar obras y servicios empezó por enviarse en el último trimestre del año, pero últimamente llega nada más transcurrido el primero. Al mismo tiempo que ni se genera ni se incentiva economía productiva, los servicios se van deteriorando cada vez más. Ayer, un columnista en las páginas de Opinión nacional de El País parecía sorprenderse de que en Alicante haya escolares que han cursado todos sus estudios en barracones. "La generación barracón" titulé en este periódico, hace cinco años ya, ese fenómeno, y desde entonces no ha hecho más que empeorar mientras el conseller de turno no deja de sorprendernos con sus astracanadas, de la condena por violar la libertad de expresión de directores de instituto a las clases de chino (mientras los chinos estudian inglés), pasando por la escolarización, un año, y desescolarización, al otro, de jóvenes discapacitados que son tratados como muebles. De la Sanidad, ni hablamos: se sostiene por el empeño de sus profesionales.
Y junto a esta quiebra, el despilfarro: once mil líneas telefónicas paga mensualmente el Consell. ¿Hay en la Administración once mil personas que tengan necesidad de un móvil costeado con dinero público para hacer su trabajo? No. Pero ancha es Castilla. Igual de ancha en la Administración, que en el brazo parlamentario. Las Cortes, que con Julio de España llegaron a pagar la renta de algunos diputados, mantienen en plena crisis subvenciones para que sus señorías tapeen casi de balde. Se dirá que es el chocolate del loro, pero no. Es el síntoma de la degradación. Porque hablando de despilfarro claro que podríamos poner aquí la cantidad enorme de inversiones nada productivas o incluso ruinosas en que este Consell ha incurrido, siguiendo, por cierto, la estela que dejó Zaplana con Terra Mítica. Pero resulta más cercano el ejemplo de los móviles o la subvención a la ración de ibérico, porque es la prueba del nueve de que ni el Consell ni sus señorías se han enterado aún de que los ciudadanos están pasando las de Caín. Al contrario, hace tiempo que los abandonaron y que sólo recurren a ellos para pedirles el voto.
Uno de cada cuatro alicantinos está en el paro, prácticamente también uno de cada cuatro valencianos. Por encima de la media en eso, como por encima en endeudamiento. Y no hay nada que indique que el Consell tiene ninguna clase de plan, de proyecto, de política activa para contribuir a paliar esa desastrosa situación. Al contrario: Economía e Industria, las carteras más importantes al respecto, están dirigidas por dos vicepresidentes. Pero el uno es un absentista que en cualquier empresa privada, hasta en una ONG, habría sido despedido hace tiempo por bajo rendimiento. Y el trabajo del otro, capitidisminuido y sin ideas, sólo consiste en reunirse para programar reuniones. Lo que no falla, a lo único que parecen dedicarle tiempo y estudio, es a la política de la foto. Se llama a los empresarios, se les pide que se quiten la corbata (alguien le ha dicho a Camps que, contra la acusación de usar trajes regalados, le conviene aligerar su indumentaria, y ahora ya hasta se presenta en Madrid como el que se va de cena con los amigos del alma), se les pone en sillitas todos en torno al jefe del Consell, se hacen unas risas y hasta mañana. No sirve de nada, más que para añadir desesperación a la desesperanza. Pero es la única estrategia que hay.
El jefe del Consell, dos de sus vicepresidentes y casi todos los consellers, amén de la presidenta de las Cortes, se han visto implicados en el llamado "caso Gürtel", una trama que afecta tanto al Gobierno autonómico como al partido que lo sustenta y que según la Policía se financió ilegalmente mientras sus líderes eran largamente obsequiados por unos buscavidas. El presidente de la Diputación de Castellón y del partido en aquella provincia tiene un rosario de juicios pendientes. Y al presidente de la Diputación de Alicante y del partido en ésta le ha estallado otro caso de presunta venalidad, el "Brugal". La consecuencia es que todos llevan meses, cuando no más de un año, inhabilitados en plena crisis para gobernar. Sólo viven pendientes de tres cosas: de la Prensa, de los jueces y de Génova, donde Rajoy pasa el tiempo esperando que los dos primeros (la Prensa o los jueces) le hagan el trabajo que él no se atreve a hacer. Y eso va en cascada: Camps depende de la Prensa, de los jueces y de Rajoy. Fabra y Ripoll, de Camps, puesto que la solución que se le aplique a él será la que valga para todos, en un sentido u otro. Y los cuadros del partido, diputados, alcaldes y concejales dependen a su vez de lo que les ocurra a sus jefes. Todos, pues, paralizados. No hay gobierno y la oposición está entretenida haciéndose a sí misma oposición. Ése es el lamentable estado de la Comunidad.
