El inicio del curso político en las Cortes Valencianas, que está ya ahí a vuelta de la esquina, parece que va a ser el momento y el escenario elegido por el Consell para presentar un informe, elaborado por un equipo de expertos independientes, en el que alertan de que la crisis puede poner en peligro el estado de bienestar. Ese "grupo de sabios", pactado en su día por la Cámara autonómica, pide que se solucione cuanto antes el déficit de fondos públicos porque, de no hacerse pronto, podrían entrar en peligro servicios básicos como son la Sanidad o la Educación. Palabras mayores, sin duda. Es evidente que la mala coyuntura económica hace que mermen los ingresos que provienen de algunos impuestos y, por si fuera poco, el Gobierno central acaba de recordar a la Generalitat que tiene que devolver la friolera de 630 millones recibidos como adelanto. Pero es en el apartado de las conclusiones en el que el análisis de los entendidos pone el dedo en la llaga. Por un lado se advierte de que la Valenciana es la comunidad que menos fondos destina para la financión de servicios públicos básicos como la Sanidad o la Educación aunque, paralelamente, hace especial hincapié en el hecho de que el resto de las regiones han recibido más fondos en general que la nuestra. Es decir, que la lupa se aplica hacia dentro, y ahí habría que poner sobre la mesa las prioridades políticas que se marca la Generalitat a la hora de destinar los recursos, y por otro se realiza un escrutinio detallado, se mide y se compara el reparto de las ayudas por parte del Estado. Y sería en este último aspecto en el que el Consell quiere hacer especial hincapié a la hora de buscar en las Cortes una resolución conjunta por parte de todos los grupos políticos para negociar una posición unánime ante Madrid.