Tribuna

La otra sentencia del ´caso brugal´

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Ginés Sánchez y Manolo Abadía, en el pleno del pasado martes.
Ginés Sánchez y Manolo Abadía, en el pleno del pasado martes.  LOINO

Manuel Alarcón Dicen que una imagen vale más que mil palabras y la que hoy traemos a esta página simplifica a la perfección el estado en el que se encuentra el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela. Se tomó el pasado martes durante el pleno municipal. El tercero que se celebra -y con muy poco calado de gestión todo hay que decirlo- desde que la Policía registró por el "caso Brugal" el Palacio de Arneva y se llevó detenidos (o retenidos, según se quiera ver) a tres concejales: Ginés Sánchez, Manolo Abadía y Antonio Rodríguez Murcia, a los que se imputan los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionarios. Pero no son los únicos que sufren. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha perdido ese brillo en los ojos y, aunque siga utilizando la misma frase retórica para defenderse de los ataques de la oposición -"no se monte películas"-, dirigida, principalmente, a la portavoz socialista, Antonia Morena, ya no suena con el mismo tono de seguridad.
El PP está más que tocado y no sabe a qué atenerse porque los próximos meses van a ser muy duros. Primero, porque vendrá la sentencia social y, segundo, ya veremos, si la judicial. Pero la primera llega siempre y antes. Por ello cuando David Costa recordó el martes que "hay que respetar la presunción de inocencia" sabía a ciencia cierta que ese respeto no vale para la sociedad oriolana, que ya ha hecho o está haciendo sus cábalas y que ha juzgado o juzgará, seguro, mucho antes que el juez lo haga.

Pongamos un ejemplo: ¿Le sirvió al ex alcalde José Manuel Medina el archivo del grueso de su causa? No, porque cuando llegó el auto del juez dando carpetazo las actuaciones en 2009 el ex alcalde estaba apartado ya de la política pero condenado... en primer lugar, por su propio partido, que nombró como sustituta a Mónica Lorente y cabeza visible para las elecciones, y, en segundo, por el resto de la sociedad oriolana. José Manuel Medina, a quien le ha querido escuchar, ha repetido este tiempo una frase: "Lo más duro de todo es que nadie te llame. Te das cuenta que estás solo".
A diferencia de lo que le ha pasado a Medina, Mónica Lorente no tiene nadie dentro de las filas del PP de Orihuela con peso que le tosa o le pueda disputar su enorme poder en la política, no sólo la local sino la provincial. Precisamente, algunos allegados le critican que las luces brillantes de la Diputación de Alicante hayan terminado por cegarle dejando en segundo término la gestión de su pueblo. Un timón que, por cierto, puede llevar con una mano atada a la espalda. Al menos así era hasta ahora.
Poco le ha importado al PP las denuncias del PSOE en contra de la contrata de las basuras, la aprobación de cientos de facturas con reparos -es decir, pagadas por la firma de un concejal, pero no avaladas por la Tesorería al no existir partida presupuestaria para ello- o que un concejal compartiera socios y sede con una empresa que realiza trabajos para el Ayuntamiento. Entonces la respuesta de la regidora o de David Costa era del tipo "no se monte películas" a la oposición y a otro punto del orden del día.

La consigna ha sido clara en el grupo municipal del PP. Hay que seguir adelante, dar la cara y responder siempre que haya algo que contestar. No quedaba otro remedio, pero Lorente y su gente sabe que la sociedad oriolana ya está poniéndole etiquetas y que, aunque después el juez archive la causa contra sus ediles, el daño está hecho. Y lo peor es que cada día que pasa se nota que las reuniones sobre la situación en que se encuentran, las horas sin dormir, van haciéndole mella. El PP de Orihuela está ante su prueba de fuego y sabe que en parte la tiene ya perdida.
Quieran admitirlo o no, el juez Carlos San Martín dictó la semana pasada uno de esos autos que, lejos de servir precisamente para garantizar sus derechos, sólo sirven para colocarlos a los pies de los medios de comunicación y de los ciudadanos que nos leen o nos escuchan porque pone en duda la inocencia de 40 personas relacionadas con este asunto. Es un auto de imputación, porque aunque no aparece delito alguno el magistrado tiene la obligación de notificarles que en las diligencias aparecen sus nombres. Puede ser en muchos de los casos porque hayan sido utilizados en una conversación entre terceros y de aquí a que se les notifique que serán citados para que lo aclaren, porque seguro se les citará y deberán ir con abogado. Hasta entonces tendrán sobre sus cabezas una espada que probablemente no sea la más justa, pero es la que rige en un Estado de Derecho. El mismo al que se refería David Costa. Irán al juzgado. Uno por uno. Se les preguntará y tendrán que contestar. Y ese día tendrá una importancia relevante lo que diga el juez, no lo que le escuchemos al fiscal o a ellos mismos, porque en toda esta causa el magistrado San Martín, el último en llegar, es el único que parece querer poner cordura.







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