Tras el exitoso acto que protagonizamos unos 3.000 agentes de la Guardia Civil de uniforme y unos 13.000 agentes, familiares y amigos de paisano, convocados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); el pasado día 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid, mucho se ha escrito sobre la justicia o no de nuestras reivindicaciones y sobre todo, sobre lo adecuado de hacerlo vistiendo el uniforme. Evidentemente, hay opiniones para todos los gustos, pero por lo general, todo el mundo coincide en mostrarnos su apoyo en nuestras justas demandas, pero critica el hecho de que lo hiciéramos uniformados.

Aceptando de antemano todas las opiniones, sean o no favorables, queremos recordar hoy el motivo que nos indujo a hacerlo de este modo: porque no nos han dejado otra salida y porque los guardias civiles atravesamos una situación desesperada a la que nos ha abocado el PSOE. ¿O acaso puede alguien creer que lo hicimos por capricho, porque somos ingratos con el Gobierno «Lo hemos intentado todo, pero ha sido inútil y no nos han dejado otra salida que ésta», dije el día 20. Es maquiavélico que, llegados a esta situación obligados por el Gobierno, ahora sea el propio Gobierno quien nos expediente con el argumento de que no debimos llegar nunca a esta situación.

Se dice que estuvimos reivindicando la desmilitarización del Cuerpo, aunque el lema de la convocatoria era «Derechos ¡ya!». Y debo decir que deliberadamente el PSOE confunde los conceptos de reconocer derechos constitucionales con desmilitarizar, y argumenta que no va a desmilitarizar y que nunca prometió tal cosa, cuando lo que estamos denunciando es que el Gobierno prometió regular el derecho de asociación profesional y reconocer otros derechos constitucionales y eso es precisamente lo que está incumpliendo y lo que demandamos desde AUGC.

Lo que los guardias civiles estamos reclamando es que dado que las leyes que limitan nuestros derechos fundamentales son preconstitucionales y no se han adaptado a nuestra Carta Magna, el Gobierno cumpla con su promesa electoral de adaptar al ordenamiento constitucional las limitaciones que ahora nos son impuestas. ¿Es eso desmilitarizar No lo es, y es de justicia adaptar las leyes que se aplican a los guardias civiles a la Constitución y eliminar de una vez por todas estas zonas de exclusión de los derechos constitucionales que inexplicablemente aún perviven en nuestra joven democracia: los cuarteles de la Guardia Civil.

Joan Mesquida se ha plegado a las exigencias de la cúpula militar de la Guardia Civil, obedeciendo a los generales dócilmente (también a los del Ejército de Tierra, al que no pertenecemos desde 1978);, y optando por la peor de las decisiones que podía tomar, en mi opinión de forma poco reflexiva y un tanto irresponsable. Y de consecuencias impredecibles, como ya se han apresurado a destacar otras organizaciones de guardias civiles, como la Unión de Oficiales o la Asociación de Suboficiales.

Esta decisión es un ataque frontal contra AUGC, la asociación mayoritaria de guardias civiles a la que pertenecen 24.700 funcionarios/as, uno de cada tres agentes y persigue anular el movimiento asociativo en la Guardia Civil, sugiriendo incluso a través de un informe del Servicio de Asuntos Internos, la ilegalización de nuestra asociación. ¿Es que Mesquida y el PSOE se cree que expulsando a algunos de sus dirigentes va a solucionar el problema que hay en la Guardia Civil ¿O es que piensa expulsarnos a todos Se equivoca optando por la vía represiva, que no lleva a ningún sitio y que supone una escalada en la muy caldeada situación laboral que se vive en la institución y cuyas consecuencias políticas habrán de verse a no tardar, porque expedientar a los líderes de AUGC por denunciar el incumplimiento del programa electoral del PSOE, no es propio de una democracia.

El Gobierno ha conseguido en parte darle la vuelta a la situación y focalizar la discusión en la necesidad de imponer sanciones a los manifestantes uniformados. Pero el debate no es ese. El debate está en abordar nuestras demandas y en que el Gobierno explique por qué durante estos casi tres años de legislatura no ha impulsado la ley de asociaciones profesionales que el PSOE prometió y que en el año 2002, estando en la oposición, presentó en forma de proyecto de ley que fue rechazado por la mayoría absoluta del PP, con Aznar a la cabeza. Esto es lo que debe explicar el PSOE. Aunque quizás ya no haga falta, porque Mesquida y el PSOE, con muy poco sentido común ya nos lo ha explicado todo con su política del «palo y tentetieso» que les pasará factura más pronto que tarde.

La soledad del Gobierno en esta cuestión es muy evidente, y sin embargo AUGC está fuertemente respaldada por Comisiones Obreras, UGT, Izquierda Unida, Sindicato Indepediente de la Ertzaintza, Sindicat de Policies de Catalunya, Movimiento contra la intolerancia, Asociación Derechos Humanos, y muchas otras organizaciones amigas, partidos políticos y sindicatos. Gracias a su apoyo, nuestra firme determinación de no parar hasta conseguir ver reconocidos nuestros Derechos es hoy mucho más grande.

No quiero terminar sin agradecer las numerosísimas muestras de apoyo y solidaridad que estamos recibiendo en estos últimos días y que no olvidaremos nunca. A todos, muchas gracias.

Joan Miquel Perpinyá es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.