Tribuna

una ley con renglones torcidos

 

Luis Prats Pérez La pretendida reforma de las cajas en la que aparentemente se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos nacionales, populares y socialistas, parece en principio una reforma de intenciones confusas. Las líneas maestras de la nueva ley así lo establecen: por un lado se abre la espita a la privatización de las entidades de ahorro con la concesión de derechos políticos a quienes ostenten cuotas participativas, con lo que la asimilación a las acciones es prácticamente total, con el límite por el momento del cincuenta por ciento del patrimonio, eliminando por otra parte el margen del 5% por inversor. Por otro, se pretende colar como despolitización lo que no es más que continuismo de la LORCA y las distintas legislaciones regionales. La prohibición de nombrar cargos electos, que hasta ahora afectaba al Consejo de Administración, por mor de una directiva europea tramitada en ley en época de Rato como ministro, se extiende en adelante a todos los órganos de gobierno, con lo que la clase política seguirá nombrando a los consejeros con el añadido de tener más cargos a repartir entre sus militantes y fieles seguidores.
La resultante de ambos condicionantes, derechos políticos y continuismo político, puede en algún caso llegar a tensionar de tal manera la entidad en cuestión que ponga en peligro el equilibrio que ha de haber en sus cuentas de resultados y en definitiva en su gestión diaria como entidad financiera, los últimos casos con el sector inmobiliario de convidado de piedra son de todos conocidos. Es decir si por un lado se apuesta por la privatización como solución a los males del sector, por otro se resisten a dejar en manos privadas la dirección técnica y política de las cajas.
Una de cal y otra de arena. Poniendo velas a Dios y al diablo. Marcando la tendencia hacia la imparable privatización de las cajas, pero negándose a abandonar el control sobre ellas. Escribiendo la ley con renglones torcidos. Una situación algo kafkiana la que van a vivir a corto plazo algunas entidades de ahorro, con consejeros de designación política, léase Modesto CrespoArmando Sala como ejemplos de lo anteriormente descrito, y otros representando a grupos financieros propietarios de cuotas participativas con derecho a voto en las decisiones de los órganos y comisiones ad hoc.
La reforma que pivota sobre estos dos grandes ejes, tiene también algunos aspectos a destacar entre sus novedades y que refuerzan la tesis de la bancarización del sector. A imagen y semejanza de las cajas italianas, se permitirá a las cajas que así lo estimen oportuno desgajarse en bancos, en lo concerniente al negocio, y fundación, que gestionará la obra social y la mayoría del nuevo banco. De otro lado, los SIP se contemplarán en la nueva ley como opción de las entidades para su conversión en bancos como fórmula alternativa a la fusión convencional.
Conocidas las herramientas para una reforma en profundidad del sector, la ley vuelve a dejar en manos de los capos regionales de los partidos políticos la última palabra en muchos de los casos. Renglones torcidos que permiten distintos tratamientos a mismos síntomas. Si algunas autonomías han perdido el control tras las fusiones frías entre cajas de distintas comunidades, en otros casos el diseño lanzado desde los despachos del Banco de España no ha podido con el férreo poder que algunos políticos ejercen sobre el sistema financiero de sus comunidades autónomas, reforzado si cabe por la tibieza con que el poder político central trata a según quién por intereses meramente electorales. La tendencia de la clase política a alargarse intemporalmente en el poder les conduce hacia una falsa infinitud, pues al cabo la realidad se impone y termina poniendo a cada cual en su sitio, abrazando por metamorfosis lo que hasta la fecha se rechazaba o claudicando tras ardua oposición.







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