La decisión de la asamblea del PSOE de Benidorm de pedir el reingreso de los doce concejales tránsfugas -con su ahora alcalde, Agustín Navarro, a la cabeza- a la disciplina socialista es la crónica de una noticia anunciada porque todo el mundo, desde la secretaria federal de organización, Leire Pajín, pasando por el padre y la madre de ésta, hasta el último militante socialista benidormí, e incluso el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, sabía desde el principio de la operación para derribar al ex alcalde popular Manuel Pérez Fenoll, con la inestimable ayuda de José Francisco Bañuls, que eso es lo que iba a pasar porque estaba en el guión desde el primer segundo. Que de tan previsto no sorprenda a nadie no debería de quitarle ni un ápice de gravedad a lo sucedido, que es ni más ni menos que una burla más a la ley para evitar el transfuguismo, perpetrada en esta ocasión por el partido que está en el gobierno de la nación y con la aquiescencia de la número tres de la estructura federal de los socialistas. Ni siquiera sirve de excusa que Benidorm ya viviera una situación similar con Eduardo Zaplana -quien ayudado en aquella ocasión por la tránsfuga socialista Maruja Sánchez, hiciera lo mismo- porque el esgrimido "quien a hierro mata a hierro muere" como especie de mantra antipecado no es más que la plegaria de los resentidos, de los que, en definitiva, cumplen la ley cuando les conviene. Y no, los dos principales partidos de este país -PSOE y PP- no pueden seguir jugando en el tablero del desprecio a las reglas, no pueden abdicar ni un segundo más de ser un referente ético y moral para los ciudadanos de este país, porque se empieza justificando el todo vale para gobernar y se acaba anteponiendo los intereses propios a los del colectivo y dando amparo sin ningún rubor a los comportamientos más deleznables.
