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Escaño Cero

Un ataque sistemático a la comunidad educativa

 

Guillermo Martí Peris Los lectores de este medio conocerán el último episodio de la Conselleria de Educación que ha recortado el número de permanentes sindicales del sector, alegando que superaban la normativa vigente. No es así, pues si estaban, es porque eran plenamente legales por acuerdos de 2004, en caso contrario, el que hubiera estado cometiendo una verdadera ilegalidad sería la propia Administración valenciana. Los lectores pueden tomar esta acción como un rifirrafe sindical sin más trascendencia, pero tampoco es así, es un eslabón más de la política del conseller, tendente a enmudecer y doblegar a la comunidad educativa.
En los últimos años, la Conselleria ha puesto en marcha una política de "acoso y derribo" de cualquier elemento crítico sobre acciones que salgan de su despacho. Para ello, ha utilizado todos los medios a su alcance. En su objetivo para hacer callar, atemorizar y doblegar ha buscado, desde 1995, una inspección afín por medio de nombramientos y oposiciones de dudosa transparencia, convirtiendo lo que debería ser un factor de mejora de la calidad educativa en un ariete a su servicio. Ha perseguido a equipos directivos de centros para limitar reuniones y expresiones contrarias a su política educativa, llegando a sancionar a directores, no por hechos sancionables sino para escarmiento del resto.
El conseller Font de Mora no ha podido aguantar que el Consell Escolar Valencià emitiera informes y enmiendas a sus proyectos legislativos. Y este caso lo ha solucionado desnaturalizando y desvirtuando una institución que es, o debería ser, el más importante órgano de representación de la comunidad educativa. UGT señaló que esta reforma de su composición nacía del interés perverso y egoísta de la Conselleria por controlar este órgano de participación y expresión. El procedimiento ha sido muy sencillo: reduzco ciertas representaciones e incluyo nuevas hasta que el cómputo me sea plenamente favorable en cualquier circunstancia. A partir de ahora, ganará todas las votaciones y no habrá más enmiendas que las que la propia Conselleria quiera que se tramiten. La Conselleria ha utilizado todos sus medios para la propaganda política propia y, a la vez, para denostar y vilipendiar al Gobierno central, olvidando sus labores propias de gestión del sistema educativo valenciano. Desde la insumisión, pues no puede calificarse de otro modo, del desarrollo en nuestra comunidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que ha rizado el rizo de lo ilegal, como han demostrado los tribunales, hasta el rechazo de planes del Ministerio de Educación que nos hubieran podido beneficiar.
No contento con esto, el conseller ha olvidado las que deberían ser sus verdaderas prioridades emitiendo planes de todo tipo de un modo unilateral, sin escuchar ni atender las propuestas de los representantes sindicales y, al mismo tiempo, lanzando balones fuera sobre cualquier responsabilidad propia. Escucharle es una cantinela permanente: la culpa de todo es de Zapatero y de los efectos de la LOGSE y de la LOE.
Y sobre esto hay que decirle que el análisis y la reflexión no le vendrían mal, pues mientras nuestra Comunidad obtiene las peores calificaciones en competencias básicas y tiene la más alta tasa de fracaso escolar, comunidades como La Rioja o Asturias, por poner ejemplos de ambos colores, se sitúan en los primeros puestos con unas diferencias muy importantes respecto a la valenciana, cuando todas tienen unas mismas leyes estatales en materia de educación.
Aprovechando la idea de la necesidad de ajuste económico por la crisis, está poniendo en marcha un recorte de grupos de atención a la diversidad, ESO, Bachillerato y FP. Un recorte de grupos, desdobles, programas y profesorado que UGT ha calificado de importante, grave y duro pues afectará a la calidad educativa, a la seguridad en ciertos puestos de trabajo, como talleres, y provocará el desplazamiento masivo de profesorado de sus centros de trabajo y la no contratación para el curso próximo de un número importante de interinos e interinas. Con una falsa etiqueta del imperativo legal del ajuste económico a nivel nacional, está tratando de ocultar la falta de liquidez de la Generalitat.
Si a todo lo enumerado, que es mucho, y con otras muchas acciones que no podemos citar por la lógica limitación de espacio, sumamos la incapacidad manifiesta para el acuerdo, el pacto o el consenso, sólo podemos concluir que el conseller está de espaldas a la realidad, sin querer escuchar ni atender las exigencias de la sociedad expresadas por la comunidad educativa. Está atacando a la comunidad educativa y a los representantes de los trabajadores y trabajadoras. En suma, está atacando a la sociedad valenciana a la que debería atender.
Por último, cuando nos enteramos del recorte de la representación sindical, calificamos la acción de "otra vuelta de tuerca del conseller", pero la calificación parece que no es adecuada, se queda corta, pues detrás de esta medida, ya conocemos que vienen otros recortes más. Hay que recordarle al conseller que "no se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto", no puede utilizar el argumento de carencia de acuerdos escritos en unas ocasiones y en otros casos "saltarse a la torera" los acuerdos firmados y publicados.







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