Zapatero debe tener mucho cuidado, más de lo que ha sido común en sus manifestaciones pronunciadas alrededor del Estatuto catalán, no vaya a excederse de nuevo y provocar otro problema cuya solución embarque a muchos en derivas sólo imputables a su irresponsabilidad ingeniosa. El Estatuto estuvo marcado siempre por el apoyo que brindó Zapatero a la voluntad que manifestara Cataluña, sin límite, en una confianza poco apropiada a la prudencia política, de la que ha acreditado carecer un presidente cuyas proclamas hacen más daño que beneficios proporcionan.
Se ha acabado esta historia. El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido la sentencia esperada, ni más ni menos profunda que la esperada, aunque tan excesivamente abstracta que seguiremos deambulando entre la inseguridad del modelo constitucionalmente establecido y un desarrollo surgido del pacto electoral, asimétrico y utilizado por cada región para la retención del poder y manejo de fondos y personas.
Algunas de sus normas han sido declaradas inconstitucionales, otras, reinterpretadas para dotarlas de sentido constitucional. Todas ellas deben ser asumidas de forma definitiva, sin maquillaje, pues se ha cerrado el camino para su reinstauración directa o indirecta. Una vez ha hablado la Justicia, sus decisiones se acatan gusten o no gusten, sin que ningún Poder del Estado pueda arteramente hacer lo contrario a lo ordenado. Las presiones para exigir que lo inconstitucional se torne constitucional son tan absurdas, que ni siquiera me digno en comentarlas. Carecen de viabilidad legal.
Que Zapatero, ahora, afirme que algunas normas declaradas inconstitucionales pueden ser introducidas en el ordenamiento por medio de leyes ordinarias equivale a reiniciar un nuevo conflicto de dimensiones no calculadas y cuyo final puede desembocar en otro desastre. Porque, la distancia entre lo formal y lo material, en el ámbito del derecho, es tan difusa, tan relativa, que intentar revivir como constitucional lo que no es argumentando que el defecto formal ha quedado subsanado es una bomba de relojería. Lo formal, como él dice, es de entidad tan sustancial como lo material y en muchas ocasiones insubsanable. Bueno sería, pues, que nuestro presidente se calmara, se sumiera en los rigores del estío y relajara su mente y voluntad, aceptando, de una vez por todas, su responsabilidad, la que le impone la obligación de afirmar la Constitución por encima de sus deseos, intuiciones o intereses electorales. Para este hombre lo político parece de una entidad superior a lo legal, algo difuso ante lo que todo debe supeditarse y así nos va, pues lo político es siempre cambiante y depende de la correlación de fuerzas y de las expectativas del voto. Relativismo peligroso en una sociedad ya bastante afectada por sus invenciones.
Porque, intentar de nuevo regular mediante leyes orgánicas aquello que el TC ha rechazado por faltar esa ley previa, no significa que, dictada dicha ley orgánica, lo reglamentado sea ya plenamente constitucional. Que falte esa ley, no significa que baste esa ley para que lo inconstitucional se torne constitucional. Todo es mucho más complejo. Parece evidente que lo referido al Poder Judicial autonómico no es mera cuestión de forma de proceder y que la Constitución veda cualquier intento de creación de poderes judiciales autonómicos. No es constitucional crear Consejos territoriales a imagen y semejanza del Consejo General del Poder Judicial, que es único para todo el Estado, salvo que asuman competencias autonómicas, en cuyo caso se trataría de un dispendio inútil, pues ya existen las salas de Gobierno. La forma aquí entronca con el contenido y asumir el riesgo de volver a empezar con nuevos recursos de inconstitucionalidad, significaría demostrar claramente la irresponsabilidad máxima de quien colaboró activamente en este lío y que parece no va a cejar en su empeño hasta enfrentar a todos con todos.
Pero, no es un error, sino falta de auténticas convicciones democráticas. Criticar al PP por acudir ante el TC a recurrir la ley del aborto, afirmando que insta el recurso de inconstitucionalidad para paliar sus derrotas políticas es indigno de un presidente democrático, pues dicho recurso, conforme a la Constitución puede interponerse legítimamente por un número de diputados que estimen que una ley aprobada no se adapta a la Constitución. Y un presidente no puede, sin perder su dignidad de tal, menoscabar, ni siquiera de palabra, un derecho que la Constitución reconoce. No es él quien ha de valorar la conveniencia del ejercicio de un derecho, que debe proteger y amparar. Cada cual puede pensar como le parezca oportuno y utilizar los remedios jurídicos que la ley concede en defensa de sus posiciones. Y, el presidente no es nadie para criticar el uso de los mecanismos que la ley concede. Pero, que el PP pidiera una suspensión cautelar que la ley no autoriza desde que se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad, da una idea de que el mal está extendido y es contagioso. A todos les molesta la ley y así nos va.
Nota: El silencio del PSPV en el caso de Orihuela es, cuanto menos, llamativo. Tal vez es que no están aún todos los que son.
