A tener en cuenta

Pánico municipal

 02:19  

Francisco Poveda Blanco Si ya antes de que cayera la crisis sobre los maltrechos presupuestos municipales reivindicaban los ayuntamientos que el legislador afrontase la reforma de la hacienda local y su sistema de financiación, como se les venía prometiendo desde los anales de la historia, qué les voy a decir ahora que sus competencias en materia de gasto se han incrementado hasta niveles insólitos, mientras que sus ingresos se han derrumbado por la desgracia del parón inmobiliario y de la atonía económica.
Los responsables municipales deambulan como zombis en busca de dinero con el que hacer frente a sus gastos y para satisfacer sus deudas, con impresentables niveles de morosidad e impago, con lo que asfixian a sus proveedores provocándoles una falta de liquidez insoportable. Están indignados porque Zapatero prometió en su programa electoral la reforma de la ley de Gobierno local y la de financiación local y no lo ha cumplido. Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, ha dicho de la primera, que el Gobierno no la llevará hasta septiembre al Congreso, y, en el mejor de los casos, entraría en vigor después de las elecciones próximas. En cuanto a la de la financiación local, ha confesado que, dada la difícil situación económica del país, no es momento de negociarla. Una vez más, por razones electorales y económicas, se les da con la puerta en las narices a los ayuntamientos. Es el conocido "vuelva usted mañana" de Larra.
Como recogía en este periódico Pere Rostoll, la escasez de recursos de los vecinos se traduce en una importante merma recaudatoria, que se acompaña por una riada de peticiones de aplazamiento y fraccionamiento impositivo, a las que en nuestra provincia ha sido sensible la entidad Suma-Gestión Tributaria, que según su director, López-Garrido, ha convertido en obligación propia la necesidad de facilitar las cosas a quienes queriendo pagar no pueden hacerlo por falta de medios, permitiéndoles esquivar los siempre indeseables embargos.
El gravísimo endeudamiento del sector privado, la reducción de la actividad económica y el consiguiente crecimiento del desempleo provocados por la crisis, han abocado a posiciones de asfixia financiera a los más de 8.100 municipios españoles, que temen no poder sobrevivir a la brutal caída de recursos. La imprescindible contracción del gasto municipal les resulta imposible de afrontar, porque están endeudados hasta las cejas y sumergidos en obligaciones contraídas con absoluta irresponsabilidad en los tiempos de brillantez, cuando el dinero les caía del cielo, por obra y gracia de una burbuja inmobiliaria que creyeron indefinida, sin pensar que aquello era un espejismo coyuntural imposible de recuperar al día de hoy.
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de denunciar que varios municipios están en una situación límite y no podrán pagar la nómina. Es el paradigma de muchos otros casos en el resto de España, con independencia del color político de quienes los gobiernan. Pero ante las quejas de los alcaldes, entre ellos la de Alicante, Sonia Castedo, todos deberían considerar que no hay un solo culpable. La propia Federación Española de Municipios y Provincias que ha estado presidida muchos años por el antiguo alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, del PSOE, y también por Rita Barberá, del PP, y ahora por Pedro Castro, del PSOE, ha sido incapaz de convencer a Aznar, y después a Zapatero, de que su sistema de financiación es un fiasco. Siempre ha primado la falta de unidad para exigir con fortaleza sus reclamaciones debido a que, por partidismo político, los alcaldes del partido en el gobierno se han negado a reconocer las verdades del barquero contra su presidente. Ahora mismo, con la que les está cayendo, es sorprendente que el socialista Pedro Castro haya negado que los ayuntamientos tengan problemas de financiación municipal.
Tampoco los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas se han preocupado un ápice por prestar atención al problema de sus municipios a los que han postergado, anticipándose con sus propias exigencias y negociaciones de financiación autonómica, negándoles la participación en sus ingresos fiscales que les reconoce la Constitución.
No menos culpables son los alcaldes, porque si en tiempos de riqueza sus finanzas les eran insuficientes, era evidente que cuando llegara la pobreza sería muy difícil sobrevivir. Debieron observar las normas del buen gobierno: moderación en el gasto, no sobrecargar la plantilla municipal de funcionarios, empleados y asesores; limitar la inversión a bienes necesarios que no exigiesen elevados gastos de conservación, etcétera, y, todo ello, acompañado por una óptima gestión de los ingresos, para poder afrontar los años de vacas flacas, que indiscutiblemente habrían de llegar.
Ahora, -cuando no hay harina, todo es mohína-, llegan las quejas, los lamentos, la indignación, las acusaciones llenas de furia hacia quienes hoy no cumplen sus promesas, olvidando que los primeros responsables son ellos mismos, por no haber sabido administrarse bien, por haberse endeudado, por haber comprometido su futuro con cargas difíciles de sobrellevar, porque como dice el proverbio griego es mejor ser dueño de una moneda que esclavo de dos. Así que es hora de apretarse el cinturón y gestionar bien los escasos recursos dando ejemplo de buena gobernanza, aunque el próximo año hayan elecciones, porque antes es el pueblo que permanecer en el gobierno.







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