En un Estado de Derecho como el que por fortuna disfrutamos todos los ciudadanos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Todos, menos los políticos. Las reglas no escritas del juego democrático obligan a éstos a ser ellos quienes se adelanten a probar su honradez ante cualquier sombra de duda. Aunque a alguien pudiera parecérselo, ello no es ni una perversión ni una injusticia, sino una condición inherente a la alta responsabilidad que los ciudadanos delegamos en los políticos para que nos representen y tomen, en nuestro nombre, las decisiones que hacen posible la convivencia y el avance de la sociedad. También es una garantía: cuando los elegimos, no sólo depositamos en los políticos nuestra confianza, sino que ponemos a su disposición, para que puedan desempeñar su función, instrumentos de poder que no están al alcance del resto de los ciudadanos. Por ello, al tiempo que tienen más y mejores posibilidades de defenderse de cualquier acusación que los demás, también vienen obligados a un ejercicio de transparencia que no cabe exigirle al común de los mortales.
En esa tesitura, la de aclarar cuanto antes y sin ambigüedad alguna su actuación, se encuentra el presidente de la Diputación y líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, desde que el martes fue detenido y el jueves imputado de cinco graves delitos de corrupción por el titular del juzgado que investiga en Orihuela la adjudicación de contratas de basura y la de una planta de tratamiento de residuos. Esta semana, la Justicia ha puesto en marcha un reloj que, sin embargo, ni puede ni va a ir al compás de los tiempos judiciales, sino de los políticos, mucho más acelerados.
Ripoll ha demostrado ser hasta aquí un buen gestor. Con él al frente, la Diputación se ha quitado mucha de la caspa que estuvo acumulando durante años y ha retomado el pulso también perdido desde hacía tiempo. Ahí están, por poner sólo algunos ejemplos, la potenciación de SUMA, la elevación del Marq a museo de referencia internacional, el diseño de una política de promoción turística aún no acabada de cuajar pero al menos alejada de los tópicos de siempre o la construcción del Auditorio de Alicante, que llevaba más de un cuarto de siglo siendo, más que una promesa, un cachondeo.
Esos mismos años al frente de la Diputación obraron una transformación radical en la forma de hacer política de Ripoll, que pasó, del distanciamiento y la soberbia que marcaron su etapa como vicepresidente del Consell a la sombra de Zaplana, a una actitud cada vez más tolerante y menos sectaria desde que se sentó en el despacho del Palacio Provincial. El último ejemplo de ello lo dió precisamente el día antes de que estallara el escándalo, cuando se llevó a Pau Gasol, la imagen que buscó para "vender" que Alicante no sólo es sol y playa, sino también empuje y modernidad, a L'Alfàs, un municipio gobernado por los socialistas.
Referente provincial. Dijeron de él, antes de llegar a donde está, que era un político mediocre. Y desde luego, aunque haya aprendido mucho, la estrategia nunca ha sido su fuerte. Pero demostró una vez llegado a la avenida de la Estación que sí era un político de raza y, como éstos hacen, se construyó una plataforma que iba más allá del cargo que ocupaba: poco a poco fue convirtiéndose, en la vida pública, en el referente de esta provincia en una Comunidad desvertebrada, y en la vida partidaria, tantas veces mezclada con la otra, en el contrapoder de Camps. En lo primero, ahí está el plan estratégico provincial, una guía de actuación imprescindible en momentos de crisis y cambios como los que padecemos. En lo segundo, le ganó el pulso al jefe del Consell cuando éste todavía era regente plenipotenciario, y desde entonces Camps no ha levantado cabeza.
Todo eso, sin embargo, es historia desde que el martes a primera hora agentes especializados en la lucha contra la corrupción entraron a registrar su casa. Si lo traigo aquí es porque creo que, sin explicar ese contexto, no puede entenderse bien la dimensión del golpe que ha recibido, no sólo Ripoll, sino el PP en su conjunto y también, por qué no, la sociedad alicantina, con los sucesos de esta semana. Una sociedad en la que, al menos entre sus principales líderes -sean políticos o empresarios, de izquierdas o de derechas-, la sensación predominante es el estupor.
He sostenido aquí reiteradamente -la actualidad valenciana, que cada vez se parece más a la balear (Cañellas,Matas... cada desayuno un escándalo) obliga a ello- que un político del nivel de Ripoll no puede seguir en el cargo después de imputaciones tan graves como las que el juez le ha hecho: revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, negociación prohibida a las autoridades, fraude y, ay, cohecho. Esto es, después de que le acusen, según se deduce de los cargos, de haber amañado una adjudicación y haber cobrado, en dinero o en especie, por ello. Y creo que Ripoll, que hasta hoy ha tenido la inteligencia de no escudarse en teorías conspiratorias ni envolverse en banderas patrias para defenderse, y que precisamente se hizo un nombre a escala nacional por ser el único que desde el PP le pidió a Camps que asumiera su responsabilidad por el "caso Gürtel" y dejara el cargo para no dañar ni a la Comunidad ni al PP, es consciente de ello.
Acelerar. Para no dimitir nada más salir del juzgado, Ripoll ha dicho que no conoce los hechos concretos que se le achacan al no habérselos revelado el magistrado por estar bajo secreto de sumario. Démosle por bueno el argumento, pero teniendo en cuenta que eso sólo significa apurar un plazo, necesariamente breve, para tomar una decisión. Él sabe lo que ha hecho y lo que no. Así que, si tiene armas para demostrar su inocencia, le conviene que sus abogados trabajen lo más rápido posible para que se concreten cuanto antes las pruebas que sustentan la imputación y él las rebata. Y si no fuera así, dé el paso al frente y no se embarque en una agonía que sólo serviría para destrozarle a él y a su partido.
Hasta que empiecen las filtraciones y sepamos más, Ripoll cuenta a su favor con la peculiar, por decir algo, actuación del juez y del fiscal en este caso: el primero negando conocer lo que él mismo ordenó; el segundo, no logrando que prosperasen sus peticiones de cárcel; y ambos evidenciando que no actúan coordinados, sino enfrentados, con el inefable Tribunal Superior y el Ministerio de Interior arrojando tinieblas, en lugar de luz, sobre el asunto. Pero en su contra pesa que no se conoce dirigente alguno que se haya metido en el lodazal en el que algunos han convertido la política y la empresa en la Vega Baja y haya salido vivo de él. Que sea de basura de lo que se hable desde hace tantos años podría utilizarse como metáfora. Pero es una definición.
