Días pasados se presentaba el último Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la Universidad española y su comparación internacional. Aunque el mismo abarca una buena parte de la problemática que afecta a la Universidad española, no cabe duda de que una de las cuestiones que más se ha destacado en este informe ha sido la relativa a la subida del paro entre los universitarios españoles, que se duplicó en términos generales, entre 2007 y 2009, pasando del 4,8% al 9,4%. Estas cifras son bastantes superiores a las de la UE de 27 miembros, que fue de 3,4 % y 4,6% en los mismos años.
Podríamos considerar que estos datos no vienen más que a confirmar el hecho diferencial español con respecto al mercado de trabajo que, con cifras de paro superiores ya al 20% de la población activa, han estado en la base de la reciente reforma de la legislación laboral. Sin embargo, con ser esta relación bastante probable, no deja de ser significativo que dicha subida del paro entre los universitarios españoles sea mucho más rápida que la de nuestros socios europeos.
Los estudios universitarios españoles han sido considerados tradicionalmente como una garantía de lograr no sólo mejores condiciones de trabajo sino también de probabilidad de encontrar empleo, por lo que, ante la facilidad relativa del acceso a la Universidad, ha canalizado los esfuerzos de las familias y los estudiantes hacia carreras que, tuvieran o no muchas salidas, siempre otorgaban un título que tendría su valor en el mercado de trabajo.
Es bastante conocido el efecto que esta situación ha provocado en el sistema productivo español: por un lado universitarios ocupando puestos de trabajo en categorías que no exigen dicha formación (por la parte que más conozco, y como ejemplo, licenciado/as en Ciencias Económicas y Administración y Dirección de Empresas ocupando el puesto de cajero/as en instituciones bancarias) y, por otro, carencia de trabajadores para ocupar oficios profesionales vinculados a los estudios de Formación Profesional de Enseñanzas Medias o Superiores. En definitiva, un sistema que también ha contribuido a la frustración de los nuevos licenciados y al retraso de algunas ramas de nuestra economía.
A pesar de que han sido muchas las iniciativas que se han tratado de presentar para cambiar esta situación (la última la realizada por el Ministro de Educación con su propuesta de pacto al Partido Popular, lamentablemente fracasada), lo cierto es que el sistema educativo español no está dando respuesta real a las necesidades de nuestra sociedad.
Aunque a veces veo con pesimismo las posibilidades de estos cambios, la actual situación de crisis económica debería de servirnos para tratar de dar un cambio a esta situación, no enfocando estos problemas en la mera contabilización de unos recortes que son necesarios, sino aprovechando esta coyuntura para presentar alternativas que puedan reorientar el marco general de la educación en España.
Hay que ser conscientes de que la actual estructura de distribución de las competencias educativas no facilita precisamente ese proceso, pero también debemos de poner sobre la mesa la necesidad que tiene la sociedad y la economía española de introducir cambios de calado en las relaciones entre todos los agentes económicos si queremos efectivamente mantenernos en el grupo de países con economías más desarrolladas.
Continuar reproduciendo el sistema actual del modelo educativo no solo nos puede llevar a ritmos de crecimiento más lento y a una más baja competitividad de nuestras empresas, sino a ese despilfarro que supone tener a nuestra población más preparada en empleos inadecuados o, peor aún, condenada al desempleo masivo. Leer informes como el ya citado no debería de ser un mero ejercicio de melancolía, sino un argumento para cambiar esta situación.
