Ni rastro de algunas de las pruebas de cargo del proceso abierto por el desfalco millonario en Mercalicante deben quedar después de ocho años de una investigación penal que parece el cuento de nunca acabar. Cierto es que el traslado del asunto al Tribunal Superior (motivado por la condición de aforado sobrevenida a uno de los implicados, el entonces alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi) y otras circunstancias personales de la magistrada que inició la investigación y que después se acabó marchando a otro juzgado dejando a su sucesor con los miles de folios del expediente, han contribuido a su ralentización. Pero empeñarse en presentar recursos inútiles (como con el que se pretende que la Audiencia reabra el caso para el resto de los miembros de la comisión ejecutiva después de que TSJ exonerara de toda culpa a Alperi, que era el presidente) sólo contribuirá a alargar un proceso tras el que recuperar algo de lo sustraído se me antoja una quimera y en el que, además, los condenados se acabarán beneficiando de esta tardanza alegando dilaciones indebidas.
