Una ley necesaria y oportuna frente a otra obsoleta

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Mercedes Alonso La Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana nace con la premisa fundamental de considerar al municipio como entidad de primer nivel. Los ayuntamientos de la Comunitat disponen de un marco jurídico pionero, claro y de clara vocación municipalista. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha querido con esta norma impulsada por el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, poner a disposición de los ayuntamientos las innovaciones competenciales que introduce el Estatuto Valenciano de Autonomía en este ámbito de la Administración.
Estamos ante una ley necesaria y oportuna. Necesaria porque desarrolla al máximo la descentralización administrativa y otorga suficiencia financiera a los ayuntamientos. El Consell ha desplegado hasta el límite la modificación estatutaria llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2006. Esta introdujo en nuestra Carta Magna por primera vez la creación de un título, el octavo, dedicado íntegramente a la Administración Local, estableciendo en su articulado la obligación de aprobar una Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Dicho y hecho. Es un compromiso con un resultado concreto: la creación de un Fondo de Cohesión que garantizará por parte del Consell la financiación suficiente para la puesta en marcha de infraestructuras básicas y necesarias en los 542 municipios de la Comunitat.
Es oportuna, además, porque España y nuestra Comunitat han cambiado su configuración social y demográfica, la cual exige de nuevos retos a todas las administraciones en sus distintos escalones. Y la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana ofrece distintas recetas a los ayuntamientos para una organización óptima en cuanto a un eficaz uso de los recursos públicos, ya que introduce los principios de la economía escala en la gestión municipal para una mayor agilidad y eficacia. Todo ello para la asunción de nuevas competencias que el Gobierno de España ha ido delegando en los propios ayuntamientos sin las correspondientes contraprestaciones materiales y económicas. La acogida a personas extranjeras e inmigrantes, la limpieza de barrancos o la seguridad, por citar tres ejemplos, han sido asumidas por los ayuntamientos con el consiguiente esfuerzo presupuestario a cargo de sus propias arcas. La generosidad de los ayuntamientos ha sido evidente estos años.
Esta iniciativa legal, necesaria y oportuna, por tanto, surge en el marco de cooperación entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El Estatuto de Autonomía desarrolla, por tanto, al máximo la legislación estatal de bases y proclama la potestad de autoorganización de los entes locales de la Comunitat Valenciana. Es un claro ejemplo de un gobierno, nuestro Consell, que a través de su clara vocación de autogobierno apuesta al máximo por los municipios y que saca el máximo rendimiento a un marco legal estatal que es necesario adecuar a las nuevas demandas ciudadanas. Ha hecho un ejercicio de profunda lealtad al Estatuto de Autonomía.
Es ésta la diferencia. Francisco Camps ha desplegado al máximo las competencias atribuidas en el Estatuto para que nuestros ayuntamientos dispongan de instrumentos efectivos con el fin de gestionar adecuadamente los recursos públicos destinados al interés general. No hay, de momento, más margen de maniobra que el otorgado por una legislación obsoleta que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiere desempolvar. Las estrecheces impuestas a los ayuntamientos vienen derivadas, en la actualidad, por un Gobierno que en la presente legislatura ha dejado pasar el tren del municipalismo. Es al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien debe pedirse cuentas por no adaptar una legislación de bases que data de 1985. El armario de las promesas de Zapatero con el municipalismo huele a naftalina para unos ayuntamientos que precisan de un vestido administrativo más moderno. La anunciada Ley de Gobierno Local ha quedado pospuesta sine die e igual ha ocurrido con la revisión del modelo de financiación de los ayuntamientos. O lo que es lo mismo, una vez más, el Gobierno de Zapatero ha dejado en blanco la presente legislatura en cuanto a actuaciones de apoyo se refiere a los ayuntamientos.
A pesar de estas contrariedades para el municipalismo como consecuencia de un Gobierno que va a la deriva y no gobierna, tan sólo nos queda en el ámbito de la Comunitat Valenciana trabajar por el bien y el progreso de nuestros pueblos y ciudades. La Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana contempla nuevas figuras que se erigen en oportunidades para los ayuntamientos, las diputaciones y la Generalitat y otras entidades intermedias como las mancomunidades. Hay mejores y nuevos medios para favorecer la participación ciudadana, el asociacionismo de los municipios y el interés de los ciudadanos por el debate interno en los ayuntamientos. Porque de esto se trata, de favorecer la democracia en el ámbito más al cercano a las personas que son los municipios. Este es el reto de un municipalismo de primera, responder con eficacia a los ciudadanos.

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