La fusión ´fría´ se calienta

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Juan R. Gil En los próximos días, los negociadores del Sistema Institucional de Protección (SIP) o "fusión fría" entre la Caja Mediterráneo, Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura esperan tener confeccionado el contrato de integración de las cuatro entidades que dará lugar a una nueva estructura, en la que un banco creado al efecto será el que tome las grandes decisiones que incumben a todas. Hasta aquí, conocíamos la música del SIP, y había en esa partitura notas que desafinaban: la CAM, pese a ser la mayor de las cajas, se resignaba a tener un participación en el nuevo banco igual a la de Cajastur, pero la asturiana se reservaba además el máximo puesto ejecutivo del mismo, mientras que la alicantina ponía en el saco común, gratis et amore, su red fuera de la Comunidad Valenciana y Murcia, que multiplica varias veces la que los demás protagonistas de esta operación tienen.
Ahora, con la redacción de ese contrato de integración vamos a poder escuchar además la letra del SIP, la grande y también la pequeña. Y, si en la música había disonancias por lo que toca a Alicante y la CAM, en lo que empieza a saberse de esa letra también hay estrofas que chirrían.
Los protocolos del SIP aprobados inicialmente por los consejos de las cuatro cajas ya recogían que el consejero delegado de la nueva entidad sería el hasta ahora presidente ejecutivo de Cajastur, Manuel Menéndez. Lo que no se sabía es que ese puesto iba a tener un blindaje de doce años, dos más que lo que la normativa establece como duración mínima del SIP. El contrato, cuyo borrador ya conoce el Banco de España, establece que el mandato del consejero delegado (y el del presidente, que será el ilicitano Modesto Crespo, con la diferencia de que éste no tendrá mando en plaza) será por seis años. Y se prorrogará automáticamente por otros seis si Cajastur y CAM no se ponen de acuerdo en sus sustitutos, lo que en la práctica resulta una garantía de que Meléndez podrá permanecer al frente del nuevo banco hasta el año 2022. Pero, además de eso, Cajastur ha exigido que la junta universal del banco delegue, de forma irrevocable, todos sus poderes en Menéndez, lo que en la práctica deja vacía de contenido y capacidad de maniobra a dicha junta.
La CAM ha transigido con lo primero: Menéndez estará al frente del SIP seis años, con una prórroga prácticamente asegurada de otros seis. Pero confía en que el Banco de España, al que ha trasladado su preocupación, actúe para que no se consume la segunda de las exigencias, la de la delegación de todos los poderes de la junta universal del banco, de forma irrevocable, al nuevo consejero delegado.

Buen gobierno. La entidad alicantina considera que una delegación de ese tipo no sólo va contra las prácticas de buen gobierno de cualquier sociedad, sino contra la misma filosofía que el Banco de España quiere imponer aprovechando la reestructuración del sistema financiero, filosofía que pasa por despolitizar las entidades para que se gestionen de forma profesional. Profesional no es sinónimo de personal, y en una empresa menos. Por ello, lo que la CAM plantea es que la junta universal únicamente delegue en Menéndez aquellas atribuciones que necesite para el desempeño estricto de su función como máximo ejecutivo, y además que en ningún caso esta delegación de poderes tenga carácter irrevocable, sino que le puedan ser retirados si la junta universal así lo considera.
El asunto de la cesión de competencias es el que ha impedido que el contrato de integración de las cuatro entidades haya sido formalmente presentado ya al órgano supervisor que preside Fernández Ordóñez. Por lo demás, la negociación está siendo muy dura, dadas las diferentes culturas profesionales de CAM y Cajastur. La alicantina, pese a su envergadura, está viendo cómo todo el mando efectivo, no sólo en el primer escalón, puede pasar a manos de la asturiana, una caja mucho más saneada y bien asentada en sus participaciones industriales, pero con menor experiencia más allá de sus fronteras.
El SIP fue, en origen, un invento para lograr dos fines: primero, que las cajas de ahorro pudieran hacer frente, mediante aval mutuo, a los pagos de los créditos que deben a la banca internacional, salvando de ésta manera a las más perjudicadas por el crack inmobiliario, CAM y Bancaja entre ellas; y, segundo, que pudieran llevarse a cabo alianzas entre entidades de distintos territorios sorteando el derecho de veto que prácticamente todos los gobiernos autónomos se habían reservado sobre las fusiones interregionales para preservar el control que sobre sus respectivas cajas de ahorro habían venido ejerciendo.

Por la puerta trasera. Pero a día de hoy, aunque se desconozca cómo puede evolucionar en los próximos años esta fórmula, está muy claro ya que el objetivo final es el de convertir las cajas en bancos, que operen en el mercado con los mismos criterios que éstos. Es cierto que las cajas habían sufrido un grave deterioro por culpa de las intromisiones políticas. Y también lo es que los bancos habían clamado contra lo que consideraban competencia desleal. Pero también lo es que las cajas han desempeñado un papel social y activador de la economía en los territorios sobre los que se asentaban que ha sido en muchos momentos fundamental y que su conversión en bancos se está haciendo, con la aquiescencia de Zapatero y Rajoy, por la puerta de atrás: vía presión del Banco de España y sin que se debata la modificación legislativa pertinente en el Congreso hasta que la situación no tenga marcha atrás. Hay un trasfondo político en todo ello que no puede dejarse de lado, se esté o no de acuerdo en su conveniencia. Y es el reforzamiento de la centralidad de Madrid después de tres décadas de caminar en sentido contrario. El nuevo banco que formarán CAM, Cajastur, Extremadura y Cantabria tendrá en la capital de España su sede operativa. Y poco a poco toda la gestión, no sólo la tesorería, irá concentrándose allí. Cuando salga a bolsa mediante cuotas participativas con derechos políticos, es decir, con accionistas de verdad, no habrá CAM, pero tampoco Cajastur, ni Caja Extremadura ni Caja Cantabria y eso no constituye una buena noticia ni para la vida social y cultural de estos territorios ni para sus pequeñas y medianas empresas. Será de aquí a diez años. Pero será.







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