La futura ley de los servicios profesionales

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Isidro J. Echániz Maciá En éstos tiempos donde la Ley Ómnibus (debo referirme a ella una vez más) nos va cambiando día a día nuestra idea de la función de determinadas profesiones, aparecen numerosas lagunas que tarde o temprano nos abocarán a teorías interpretativas tan al uso en determinados foros, y así leo el manifiesto del consejo general de los ilustres colegios oficiales de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias donde expresamente se reclama "que se incluya de forma explícita la profesión docente en el posterior desarrollo de la Ley Ómnibus", y es que resulta que entre las materias que se citan de modo explícito en la disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus, como materias de especial interés público, no figura la educación ¿?
Todo ello nos lleva una vez más a concretar la reserva de actividad que a cada profesión corresponde, sobre todo -y a pesar de los aires liberalizadores- por ser una garantía de futuro cara al ciudadano que debe tener claro a qué profesional se dirige y en demanda de qué servicio, y de ahí la interpretación de la futura Ley de Servicios Profesionales.
Es éste país en el que somos muy dados a la improvisación, es el momento de definir y clarificar esa reserva de actividad con un claro y preciso cuadro donde aparezcan las profesiones y su marco de desarrollo y actividad.
Leo que mi presidente Carlos Carnicer (presidente del Consejo General de la Abogacía) destacó en el I Encuentro de las Abogacías Iberoamericana y Europeas (Málaga) la necesidad de que la futura Ley de Servicios Profesionales aclare las reservas de actividades de los letrados que en la actualidad se circunscriben a la defensa en juicio y manifestó la necesidad de que esto clarifique "la tipología de abogado que se necesita en España".
No obstante, y volviendo al inicio de mi reflexión, es éste el momento -y no otro- de que todas las profesiones queden clarificadas. No más chapuzas ni normas en blanco, y sobre todo es el momento de reivindicar la importancia de los colegios profesionales, contando con ellos para el desarrollo de esa futura Ley de Servicios Profesionales, potenciando su actividad formativa sin olvidar la deontología profesional que debería ser asignatura obligatoria en todas las profesiones.
En éstos momentos y con la que está cayendo, el aviso a navegantes no es otro que instar al Gobierno para que la futura Ley de Servicios Profesionales sea consensuada con los respectivos consejos generales de los colegios profesionales, con la Unión Profesional (UP) y, en definitiva, con todos los representantes de aquellas profesiones que se vean afectadas. No sé si lo que estoy pidiendo es una utopía, pero si no fuese así, sería el momento de adoptar otras medidas, ya que se están vertiendo juicios de valor erróneos sobre determinadas profesiones ("está claro que siempre encontraremos resistencias de los colectivos que gozan ahora de una situación privilegiada" sic Luis Berenguer Fuster -diario INFORMACIÓN de 3/01/2010) y es de justicia que se oiga a todas las partes, cosa que me temo no se va a dar en esa futura Ley de Servicios Profesionales.







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