La semana pasada las Cortes Valencianas presididas por Paco Camps aprobaron la nueva Ley Valenciana de Régimen Local, que dotará a los ayuntamientos de un nuevo modelo de gestión. Una ley que en su redacción contempla toda clase de figuras como la del Defensor del Vecino, el Consejo Social o un Consejo Territorial de Participación. Un buen número de herramientas que permitirán al ciudadano contar con nuevas direcciones a las que dirigir sus reclamaciones diarias. También contempla la nueva ley, un apartado en el que recoge la creación de un fondo de cooperación municipal, eso sí, sin decir cuánto, cuándo y cómo. Nada nuevo bajo el sol de la Comunidad Valenciana, donde Zaplana ya anunció este mismo fondo hace 11 años y donde el propio Paco Camps (extraña coincidencia esta) volvió a presentar este fondo como parte de nuestro Estatuto de Autonomía.
Durante todos estos años en los que este fondo de cooperación municipal que el gobierno valenciano se comprometió a poner en marcha para que los ayuntamientos tengan capacidad económica y poder soportar así el trabajo que realizan al asumir competencias del Consell en muchas de sus actuaciones, los municipios han sido estafados una y otra vez por el gobierno de Paco Camps. Para que nos podamos hacer una idea de lo que este fondo supone para las arcas municipales del Ayuntamiento de Alicante, a lo largo de todos estos años pasados nuestra ciudad ha dejado de ingresar unos 400 millones de euros. Una cifra fría como otra cualquiera, pero que supone una cantidad que equivale al presupuesto municipal de este año y la deuda acumulada del municipio alicantino. Mientras esto sucede, la alcaldesa de Alicante sigue de desfile en desfile, sin reparar en lo importante que es para nuestra ciudad contar con ese dinero, que entre otras cosas serviría para pagar la factura de esas fiestas tan importantes para el turismo alicantino y que son mucho más que una pasarela para mayor gloria de Sonia Castedo y el photoshop de turno. La alcaldesa, muy dada a culpar a Zapatero de todos sus males y de su falta de capacidad para gestionar nuestra ciudad (alguno incluso afirma haberla escuchado culpar al presidente del Gobierno de la última gota fría), es incapaz de levantar la voz ante el amigo del Bigotes. Declarada defensora de Camps, nada se sabe de su compromiso ante los ciudadanos alicantinos que le pagan el sueldo, a los que ignora cada vez que desde la bancada socialista le reclamamos el dinero que Camps nos debe desde hace más de una década.
Hace unos días el portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas Ángel Luna preguntaba, "¿cúantos gürteles caben en los 600 millones sin control de sobrecostes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia?". La respuesta queda a la interpretación del lector, pero con lo que sabemos del Bigotes y sus amigos del PP en la Comunidad Valenciana dan para unos cuantos. El problema es que mientras eso sucede en la ciudad de Valencia, a la nuestra sigue sin llegar el dinero del dichoso fondo que el Consell de Paco Camps lleva 11 años sin pagar. Mientras eso sucede en Valencia, en nuestra ciudad seguimos haciendo equilibrios contables para cuadrar los números de un Palacio de Congresos (perdón, centro de congresos que ni el nombre tenemos), que tiene cuatro maquetas y ni una sola piedra tras años esperando un milagro. El problema es que mientras eso sucede en Valencia, aquí nuestra alcaldesa sigue desfilando de fiesta en fiesta sin levantar la voz y reclamar lo que nos debe el Consell de Paco Camps, a pesar de que como dijo el portavoz el portavoz del PP Esteban González Pons hace unos meses "la fiesta en la Comunidad Valenciana se acaba hoy". Pues por lo visto hasta le fecha, aquí parece que la fiesta continúa y no tiene fin.
