En general, aires de huelga

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Luis Prats Pérez Desviar la atención sobre quien no recae responsabilidad alguna se ha convertido en método preferido utilizado por la clase política. Descargar la responsabilidad del disenso en el llamado diálogo social en las organizaciones sindicales, tras casi dos años de reuniones a tres bandas, es como mínimo un insulto a la inteligencia de los españoles en general y de los trabajadores en particular. Nadie puede convencer a un sindicalista que este país donde el despido improcedente, único algo oneroso (45 días por año trabajado y máximo de 42 mensualidades), que el empresario utiliza sin justificación legal alguna, necesite una urgente reforma que abarate y flexibilice el mercado laboral. Baratos ya los hay: despidos colectivos (ERE) y procedentes, donde se establecen 20 días y máximo de 12 mensualidades. De otro lado, el llamado modelo austriaco es imposible de impulsar en nuestro mercado laboral ya que las empresas se verían obligadas a aportar cantidades por trabajador a un fondo de despido, cuando están clamando por que se les reduzcan sus aportaciones impositivas y contractuales. En cuanto al alemán, de facto ya existe en España, o algo similar, debido a la inmensa cantidad de formas y formatos de contratación que se establecen por años, meses, semanas, días e incluso horas. Vasta flexibilidad contractual.
Cierto que los sindicatos han picado el anzuelo tendido por el Gobierno, con apoyo pasivo empresarial, al entrar siquiera a valorar una reforma que pretende desde la concepción más liberal de la economía de mercado recortar y/o eliminar derechos adquiridos por los trabajadores tras largos años de esfuerzo, plasmados en nuestra Carta Magna, Estatuto de los Trabajadores y LOLS. Reformar consiste en innovar o mejorar, en el caso que nos ocupa existen demasiadas dudas de que con la reforma prevista mejore el estado de nuestra economía y mucho menos el bienestar de los trabajadores. Negociar acuerdos marcos interconfederales que sirvan de base a la negociación colectiva sector por sector, empresa a empresa, facilitando el entendimiento entre los agentes sociales en los diferentes convenios es función sindical; no lo es pretender que las centrales subviertan el orden de poderes establecido en un Estado democrático y sean inducidas a co-legislar o definir las líneas maestras de la pretendida reforma. Ocupar el espacio de las cámaras legislativas o del ejecutivo no es misión de los sindicatos. A legislar y/o gobernar, están obligadas las organizaciones políticas. Han sido elegidos por los ciudadanos a tal efecto, a éstos han de dar cuentas. Los sindicatos en razón de esa misma legislación actuarán como crean conveniente, en decisión reflexionada y consultada con sus bases y resto de trabajadores, inclinándose o no por las movilizaciones. Cuatro millones y medio en exclusión laboral, con mayor flexibilidad la cifra ahondaría en la desesperación popular.
Promover rebaja drástica en la percepción por despido improcedente o crear nuevas fórmulas para facilitar los despidos y articular una nueva regulación de la causalidad, no puede contar con la aquiescencia sindical, si además se pretende desvirtuar la negociación colectiva. El temor a las consecuencias electorales que decisiones de esta índole puedan ocasionar, es razón por la que intentan hasta la extenuación, vamos para dos años, que la reforma sea avalada por las centrales sindicales. Demasiada trágala para ellas.
Todo se ha convertido en una absurda espiral metonímica tomando recorte de derechos por salida de crisis. Dado el giro gubernamental, decretando que es gerundio, quizás los sindicatos debieran hablar ya de contrarreforma, aunque a movimiento religioso suene la palabra.

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