Después de haber sufrido por dos veces la congelación de las nóminas, una congelación a cargo del Gobierno de Felipe González y otra a cargo del de José María Aznar, después de ver que las nóminas se veían incrementadas, a lo largo de muchos años, por un mísero 2% cuando la vida había subido un 4% o más, después de haber comprobado que mientras casi todos los trabajadores y empresarios se aprovechaban de las vacas gordas (hecho éste que es estupendo) y ver y vivir que la alegría reinante no se reflejaba en sus nóminas y por tanto tampoco en sus casas, después de haber sido calificados de inútiles, vagos, lectores de periódicos y después de que sus sueldos fueran recortados por sorpresa, hecho éste que nunca había ocurrido, sinceramente creo que la huelga para protestar por la situación estaba más que justificada.

Los motivos están expuestos y son más que suficientes para salir a la calle para protestar. Sin embargo, la huelga convocada no ha sido un éxito. Deberíamos preguntarnos cuál ha sido el motivo de este fracaso. Yo creo que han influido muchos factores y desde luego ninguno de ellos puede ser aprovechado ni por los políticos ni por los sindicatos. Uno de los motivos ha sido económico. A un funcionario en huelga le descuentan de su nómina el día no trabajado para poder ejercer un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Pero el descuento no es una operación sencilla como sería si consistiese en una simple división entre lo que se gana y los días que se trabaja a lo largo del mes. ¡No! La operación es muy compleja pues incluye una proyección de la nómina a lo largo del año, añadiendo las pagas extras, el mes de descanso y no sé cuántas cosas más, de tal manera que el coste del día en el que decides ejercer tu derecho constitucional te sale por un ojo de la cara. La verdad es que no está el horno para bollos pues si este mes se rebajan los mismos y a esta cantidad se le suma lo del día de la huelga puede ocurrir que este mes no llegues ni al día quince. Es, desde luego, lamentable que no se pueda ejercer un derecho constitucional por motivos económicos.

Los funcionarios están indignados por el tratamiento recibido tanto de los políticos como de los sindicatos y están indignados por considerar que desde hace ya mucho tiempo los políticos y los sindicatos tenían que haber pensado un poco en ellos y no haberlos abandonado a su suerte como así lo han hecho. Cuando todos los españoles vivían a lo grande, los funcionarios seguían como hormiguitas con sus pequeños sueldos viviendo más mal que bien y lo hacían calladitos tramitando expedientes, sonriendo a los ciudadanos cada vez que estos necesitaban su ayuda. Ahora los políticos y los sindicatos se han acordado de ellos y no ha sido para mejorarlos sino para recortarles el escaso sueldo que perciben y para convocarlos a una huelga. Pero resulta que la huelga tendría que haberse convocado hace ya muchos años y no ahora. ¿Cómo puede ser que los sindicatos no hayan percibido el malestar reinante en este colectivo? ¿Acaso el divorcio es más profundo de lo que se pensaba?

Los funcionarios, además, están hartos de que se afirme lo de siempre, es decir que tienen el puesto fijo y que nadie les puede echar. Es una ventaja, desde luego, pero este hecho no puede justificar los sueldos que "papá Estado" les paga y menos que luego se los quite. ¿Dónde están las promesas?

Y los funcionarios están hartos, estamos hartos, de que se denigre nuestra imagen. Nosotros, los funcionarios, somos los que hacemos posible la existencia del Estado de Derecho, y lo hacemos posible, día a día, desde nuestros puestos de trabajo, cualquiera que este sea. Y el que quiera ser funcionario no tiene más que presentarse a las oposiciones que se convocan.