La ciudad de Elche está hermanada con el municipio canario de San Bartolomé de Tirajana. El hermanamiento se hizo durante el mandato de la primera Corporación democrática. No estoy dispuesto a contarles el porqué de esta ocurrencia. El alcalde Ramón Pastor -y aventuro que con la nunca bien estimada ayuda del legendario Pin, que fuera el mayor proveedor espontáneo de damas del planeta- envió una réplica del busto al Ayuntamiento hermano. Cuando llegó, el ujier -o conserje u ordenanza, que no sé cómo se dirá allí- irrumpió en el despacho del alcalde tirajano y con inequívoca expresión de ansiedad dijo "señor alcalde, señor alcalde, que acaba de llegarÉ la Santa de las Orejas". La Dama es, sin duda, uno de los grandes símbolos de la ciudad. Su singularidad la hace fácilmente identificable. Hasta tal punto es así que en Barcelona acaban de robar el busto de la Dama en una plaza que el Ayuntamiento barcelonés dedicó a nuestra ciudad. Se trata de una peripecia que nos ofende profundamente. Aunque, no sé. Bien mirado, quizás sea motivo de orgullo. Tal vez, el saqueo fuera fruto de un arrebato de admiración por el símbolo. Quizás el ratero fuera, en el fondo, un cultivado estudioso del arte íbero que se vio impelido a adueñarse del busto. Es posible, incluso, que se deba a la nostalgia incontenible de algún paisano en el exilio que no ha resistido la tentación de tener en su casa un trozo de Elche tan notable como la Dama. No quiero pensar en algún maltratador y en el "me la llevé porque era mía".

Y es que esta ciudad está de moda y son muchos los que se empeñan en robarle. En adueñarse de cosas que le pertenecen. Aunque lo hagan desde sitios tan lejanos como Barcelona. Lo cierto es que hay una suerte de conspiración cleptómana para hacer más pequeña la ciudad. El propio extrañamiento de la Dama en Madrid es un ejemplo inequívoco de ello. Y su empeño en no devolverla arguyendo complicados informes técnicos acerca de los peligros de su traslado. Otro conserje, esta vez ya jubilado y del Ayuntamiento ilicitano, el gigantesco y leal Cándido, los refutó categóricamente asegurando: "porque no me dejan a mí, porque yo pillo una manta, la lío y a ésta me la traigo yo sin desportillar".

Pero la pasión por el saqueo de lo ilicitano no se queda tan sólo en el terreno inmaterial de los símbolos. También ocurre, por ejemplo, en el terreno material de los terrenos. Así, esta vez desde Alicante, su alcaldesa ha echado rayas en su Plan General metiéndose en terreno del término ilicitano. Es algo así como darle un codazo a Elche para que se haga más para allá. Y, la verdad, sugiriéndole decididamente que su sitio, por si no se había enterado, está en el sur.

Incluso, la propia Generalitat desde Valencia ha decidido contribuir a esta ceremonia del encogimiento ilicitano con el último episodio registrado en la exasperante dilación de la reforma del barrio de San Antón. A su estrategia de buscar excusas para atrasar el inicio de las obras por parte del ente autonómico ha venido muy bien la puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento de los 7.500 metros de que el municipio dispone en el barrio y la reclamación de los derechos de edificabilidad correspondiente. La posición del gobierno valenciano en relación con el municipio de Elche es realmente curiosa. No sólo le niega la posibilidad de dar salida a suelo industrial demandado por el mercado -al menos hace un par de años- impidiendo la calificación de terrenos para un parque de actividades logísticas en el Camino de Castilla al tiempo que permitía que en el resto de municipios se recalificaran fincas para contribuir a la espiral enloquecida del ladrillo especulativo, sino que ahora pretende que se trague, incluso, el suelo que tiene ya calificado y que es necesario para dotaciones en San Antón. Para ello no duda en buscar como aliados a los vecinos que, desesperados por la eterna tardanza de las obras, ven en la justa reclamación municipal un nuevo peligro de aplazamiento. Ofició de maestro de esta ceremonia de filibusterismo administrativo y de pillería política el grupo municipal popular que descubrió en el Pleno del pasado lunes los planos del polvorín en forma de reclamación de los derechos de aprovechamiento municipal e insinuó que el Ayuntamiento quería quedarse con noventa viviendas. Y la propia portavoz municipal que, en un ejercicio indisimulado de sobreactuación, tiró de sal gruesa para calificar el hecho de "miserable y rastrero".

Pero, en honor a la verdad, tengo que admitir que la posición local del PP sólo cabe entenderla en clave de defensa leal a su gobierno valenciano y a su atribulado presidente. No peligraba la integridad del patrimonio municipal. Si hubiese estado en peligro, o sea, si el Ayuntamiento no hubiera reclamado los derechos de ese suelo, que pertenecen a toda la ciudad, el PP hubiera salido en defensa del patrimonio local. Y, a la vista de sus antecedentes, no cabe descartar que hubiera utilizado para ello su instrumento más ineficaz aunque preferido: llevar al juzgado al gobierno local por inacción ante el allanamiento de los derechos del municipio. Porque una cosa es que te cambien el nombre de la Dama o que te roben el busto de los símbolos locales y otra bien distinta, que te quieran sisar la peana municipal.