Vuelva usted mañana

Sacrificios para todos

 09:20  

Hasta el Gobierno conservador británico, aunque sea por guardar las formas y la apariencia, para no pedir a los demás lo que no se aplica a él mismo, ha procedido a un recorte de los privilegios de su clase política

Aquí, nuestro Gobierno hipotéticamente socialista y la oposición conservadora, han mostrado un desparpajo y una indolencia que desmiente los rostros apesadumbrados del presidente a la hora de tomar medidas contra los de siempre. Ni una sola de austeridad que se aplique a la casta política, ni una sola decisión que reduzca los miles de cargos de "confianza" designados a dedo que inundan España rememorando el siglo XIX. Todos colocados. Nuestra Administración Pública está infestada de asesores, de gerentes, de coordinadores, de observadores, de cargos inútiles cuya única función es cobrar y asegurarse la fidelidad de los nombrados, bien sea manteniendo al designante la mayoría en el partido, que hace las listas o bien dando por buenas las cuentas del Gran Capitán cuando ante sus ojos pasan contrataciones ilícitas que esconden corrupción en el más absoluto sentido de la palabra.
Leía la semana pasada que sólo en los ayuntamientos de esta Comunidad, los asesores suman ya más que los cargos electos, repartidos en buena hermandad y cuyas funciones no están reguladas en norma alguna. Y todos los tienen, los nombran y son cómplices de esta forma de contratación que una vez equiparé a una suerte de malversación y que entiendo que así debería ser investigada, habida cuenta su real finalidad, inutilidad, méritos de la mayoría de los nombrados y sueldos elevados.
Si en España hay más de ochenta mil concejales y hoy los asesores superan a éstos, habrá que concluir que, sólo entre ediles y estos sujetos pensantes, suman más de ciento cincuenta mil. Si a ellos se suman el resto de los cargos de todas las miles de administraciones públicas, más los colocados en las empresas públicas inservibles salvo para huir del control público, la cifra, con seguridad, superará la de los trescientos mil cobrando del erario público. Una ciudad entera como Alicante en nómina. Y ni de uno, ni de uno sólo, se ha prescindido antes de menguar las pensiones ya miserables de nuestros ancianos. A toda esta legión, además, hay que sumar las dietas por respirar que cobran, los coches oficiales que sólo en Madrid, oí una vez, superan los diecisiete mil cada mañana, las pensiones vitalicias con una mínima cotización, los sueldos astronómicos, la corrupción descontrolada, la financiación ilegal de los partidos, las tarjetas de crédito sin necesidad de justificación, las subvenciones a las fundaciones y asociaciones creadas sólo para recibir dinero y un largo etcétera de prebendas que ruboriza sólo pensar que tales dispendios hayamos de pagarlos los funcionarios y los pensionistas.
Y me niego a observar este fenómeno con resignación. Todos lo hacen, es cierto, pero el responsable es quien, gobernando, no ha puesto coto teniendo el BOE en sus manos; esperaba que lo hiciera.
No me opongo a arrimar el hombro si es necesario; me alegro de contribuir con mis ingresos para favorecer a los que pasan más penurias. Pero, exijo que los que me piden el sacrificio dejen de asaltar al Estado, de confiscar nuestros impuestos con tal cúmulo de privilegios, de pagar a sus clientes del partido. No es de recibo que mientras el país se estremece con una crisis económica grave, la casta política no se vea influida por los hechos y mantenga el derroche inútil. Suprimir las decenas de miles de enchufados evitaría muchos sacrificios de los menos afortunados que no tendrían que ver sus sueldos o pensiones reducidos. Pedir a éstos que padezcan para mantener a tanto inútil es un abuso. Según alguna publicación, reducir un cincuenta por ciento estos zánganos, constituiría un ahorro de 3.000 millones de euros. Suprimirlos todos, el mismo que la reducción del sueldo de los funcionarios. Pero, el PSOE ha optado por exprimirnos, sin tocar a los profesionales de la política. No puede pedir esfuerzo quien no se lo aplica. No hay argumentos éticos para imponer a los demás lo que no se hace con uno mismo.
Así las cosas, los sueldos de los militantes de los partidos los estamos pagando directamente muchos con el descuento, con la mordida a nuestros sueldos. Una especie de cuota militante impuesta por Decreto Ley. Que en España las instituciones hayan perdido vigencia a favor de los partidos es tan evidente como innegable, pero que ahora los funcionarios hayamos de contribuir a pagar a los políticos profesionales como si nuestros puestos se debieran a su graciosa majestad, es un exceso que merece una respuesta.







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