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La otra foto de Miguel Hernández

La reparación. El poeta oriolano Miguel Hernández ya es, afortunadamente, un poco más de todos.

 21:18  

En la fotografía del viernes de la Universidad de Alicante faltaban otros muchos que, como Miguel, lucharon por la democracia y la libertad. Hacer que la imagen de todos ellos forme parte de esa misma fotografía debería ser el objetivo.

Pepe López ­­Esta semana, justo el viernes, este país cerró en Alicante una de las «tres heridas» («...la del amor, la de la muerte, la de la vida...») que tan hermosamente nos legara en su obra Miguel Hernández antes de fallecer en la cárcel enfermo y desasistido. Fue un acto de reparación, tardío, pero de reparación. Y un acto necesario, vaya eso por delante. El poeta oriolano es, ¡que paradoja!, oficialmente menos malvado, menos condenado, un hombre cuya sentencia de muerte dictada un infausto 18 de enero de 1940 decía, según lo publicado por el escritor José Luis Ferris en este mismo diario el 21 de febrero último, así: «...debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert como autor de un delito de adhesión a la rebelión militar a la pena de muerte». Toda aquella infamia quedó parcialmente reparada gracias al expediente número 09-000-785 que ha impulsado el Gobierno español al amparo de la, a veces, denostada Ley de la Memoria Histórica. A la ocasión y a la fotografía -siempre hay una foto en estos actos- se sumaron algunos represaliados y muchas autoridades. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, encabezando la delegación gubernamental donde también estaban los ministros de Justicia, Francisco Caamaño, y de Cultura, Ángeles González-Sinde.
Y, junto a ellos, junto a tantos que han luchado durante tanto tiempo y que saben que todavía tendrán que seguir luchando para recuperar el «honor» que nunca perdieron sus allegados (los que realmente lo pierden son los verdugos, nunca las víctimas), ahí, decía, estaban numerosos dirigentes provinciales del PP, entre ellos el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll y la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. Es, mirado así, una seña de normalidad, de regocijo democrático. Que la izquierda y la derecha de este país se den la mano para restaurar la ignominia contra el más universal de nuestros poetas, el hombre que supo llevar hasta sus últimas consecuencias su compromiso con la democracia, la libertad y la República, nos produce satisfacción y emoción. Nos reconforta.
Por eso, lo del viernes en la sala Rafael Altamira de la Universidad de Alicante debería ser bienvenido. Sin embargo, hay un «pero», casi siempre lo hay. Y es que por esto mismo cuesta entender que miles de anónimos hombres y mujeres que no son «miguelhernández», que no han escrito grandes obras, pero que al igual que el poeta pagaron con su vida, con años de cárcel, su compromiso con las ideas de libertad, sigan olvidados. Para ellos no hay fotos, ni casi recuerdos. Para muchos sigue sin haber «reparación». Su imagen sigue desdibujada en el lienzo de la historia de este país.
Para entender algo del embrollo en el que andamos metidos, quizás tendríamos que remontarnos a los albores de la democracia, a la Ley de Amnistía de 1977. El sello que ponía punto y final (¿o deberíamos decir punto y seguido?) a cuarenta años de dictadura, a ese eterno paréntesis donde medio país parecía no existir. Treinta y tres años después de aquella fecha cabe preguntarse por qué es tan difícil entender que el abrazo a Miguel Hernández tiene que ser con todos. Viene esta reflexión a cuento de algunos de los acontecimientos últimos que encierran una preocupante regresión democrática. Vemos como desde ámbitos políticos y judiciales se está intentando empapelar al único juez que se ha atrevido a abrir causa judicial por los crímenes y desapariciones del franquismo, a Baltasar Garzón, y cuyo objetivo final, hay que decirlo claramente, no era otro que dar «reparo moral» a esas víctimas y a sus familias. Atender al escrito de los familiares que le fue entregado en la Audiencia Nacional en octubre de 2008 y en el que se datan hasta 133.708 desaparecidos y repartidos en decenas de fosas comunes y en las cunetas de las carreteras esparcidos por toda la geografía española.
Eso es lo que el juez ahora imputado quiso investigar, buscar la forma legal de reparar esa memoria. Bien mirado, lo mismo que el viernes sucedió en Alicante. Curiosamente, esta misma semana, el jueves para ser exactos, hemos conocido el auto que el magistrado Adolfo Prego, hermano de la periodista Victoria Prego y conocido por su ideario ultraconservador -es patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española- dictaba y que supone la antesala de sentar en el banquillo a Garzón por esto mismo. Aquí, algo, no concuerda.
Pero hay más. El gobierno socialista, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, ha intentado firmar convenios con las comunidades autónomas para atender la búsqueda de esos 133.708 desaparecidos y represaliados, con éxito desigual. Sólo ocho comunidades, todas del PSOE o con gobiernos de izquierdas, están colaborando. Donde el PP tiene la responsabilidad de gobernar el silencio, una vez más, es la respuesta. El debate está abierto. Y supone decidir si la ley de Amnistía llevaba implícita o no el compromiso de hacer tabla rasa con uno de los periodos más negros de este país, entender que aquello debía ser enterrado bajo la misma pesada losa que lo fue el dictador Francisco Franco. Hay opiniones de juristas a favor y en contra. Amnistía Internacional (AI) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU entienden que no. La jurista de AI Julia Tamayo lo dijo claro y alto este mismo viernes: «Investigar los crímenes del franquismo es un deber no un delito». El citado organismo de Naciones Unidas también ha instado hace años al Gobierno español a cumplir los compromisos firmados como Estado en la persecución de crímenes contra la humanidad, derogando, si fuere necesario, la propia ley de Amnistía. Y los primeros, claro, los de casa.
Por eso, si ya sabemos que Miguel Hernández es un poco de todos, hasta el punto que la ciudad de Alicante, incluso, con una alcaldesa popular, ha iniciado el expediente para declararlo Hijo Predilecto y varios ayuntamientos con gobiernos populares también se han sumado a «reparar» el honor perdido del poeta, deberíamos preguntarnos cuál es entonces el problema. Porque una cuestión parece bastante clara: podemos estar seguros de que «nuestro» Miguel Hernández no aceptaría nunca ser un poco de todos si todos los que sufrieron persecución y cárcel por la misma causa no pueden ser también como él. De eso podemos estar seguros. Y si queremos respetar su memoria deberíamos tenerlo siempre presente. En el año de su centenario, por supuesto, pero, y sobre todo, a la hora de hacernos las fotografías. Si no están todos tampoco debería estar Miguel Hernández. Y en esto no todos tienen la misma responsabilidad de hacerlo posible.







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