Sobre el necesario pacto por la educación

VICENTE CARRASCO EMBUENA Hace años que diferentes instancias sociales vienen demandando un pacto por la educación, un gran acuerdo social y político para recuperar la confianza en las administraciones educativas y abordar los problemas y las deficiencias de nuestro sistema educativo. Se ha pedido con insistencia un compromiso para intentar corregir sus ineficiencias -en especial, el grave fracaso escolar-, y transformar, así, la educación en un instrumento capaz de ofrecer a los ciudadanos los recursos para atender las demandas y los retos que les plantea la sociedad del conocimiento.
Hoy, en nuestro país, la educación es un bien público que nos concierne a todos, porque es de todos y para todos. Nuestro futuro depende en buena medida de su calidad. Por eso, es una materia extraordinariamente sensible, que no puede administrarse desde planteamientos políticos e ideológicos sesgados, por valiosos que sean. Es tanto lo que un país se juega con su sistema de educación y formación que debe ser la sociedad en su conjunto, en su multiplicidad de tendencias ideológicas y culturales, quien debe ocuparse de él, evitando su modelación cíclica en función de los vaivenes electorales. Sólo así se consigue conformar un sistema educativo de amplia proyección, sustentado en la estabilidad y en la continuidad de sus aspectos fundamentales, en un marco acordado y común que, en todo caso, debe garantizar su equilibrio, estabilidad y coherencia, que no es necesariamente contradictorio con el despliegue de las legítimas orientaciones políticas.
Nosotros estamos convencidos de la necesidad de ese pacto y hacemos votos porque cristalice la propuesta del ministro Gabilondo. Más allá de las proposiciones concretas que contiene el documento ministerial titulado "Propuestas para un pacto social y político por la educación", desde nuestra condición de profesores universitarios vinculados con las Ciencias de la Educación ofrecemos nuestro compromiso con su impulso y exponemos algunas reflexiones en torno a su concreción.
La primera toma como base una frase habitual del ministro, que compartimos: "(É) las convicciones se demuestran en los presupuestos". Un pacto de esta naturaleza exige un compromiso inequívoco para incrementar la inversión en educación que atañe a las Administraciones Públicas, a los agentes sociales y las instituciones privadas. Así, por ejemplo, la propuesta de llegar a la media europea de inversión en enseñanza (el 5,3% del PIB antes de 2015), requiere una inyección extra de 10.945 millones de euros anuales sobre un presupuesto general de educación, que en el 2010 asciende ya a 43.779 millones.
La segunda es que el Pacto por la Educación ha de ser un pacto social y político para el conjunto del Estado, porque es una cuestión de Estado. Difícilmente habrá pacto político, con arraigo territorial generalizado, si no hay previamente un gran pacto social que aglutine a todas las administraciones educativas, a los partidos políticos y a los agentes sociales y educativos. Ese pacto exige acuerdos normativos, académicos y financieros, pero requiere especialmente consensos sobre temas sensibles como el estatus de la enseñanza de la Religión en los centros educativos, sobre la legitimidad de éstos para educar en y para el ejercicio activo de la ciudadanía, sobre la articulación de una red integrada de centros sostenidos con fondos públicos que garanticen de manera equilibrada el derecho a la educación, o sobre la capacidad de cada comunidad autónoma para concretar los horarios escolares para que los alumnos adquieran las competencias básicas.
La tercera reflexión atañe a un conjunto de iniciativas imprescindibles para seguir perteneciendo al club de las sociedades desarrolladas al final de la próxima década, singularmente:
1ª) Una legislación educativa de amplia base social y parlamentaria, cuya modificación precise de mayorías muy cualificadas, que sea compatible con políticas educativas diferenciadas, que explicite objetivos dirigidos a hacer efectivos los principios de equidad y excelencia y que garantice la accesibilidad de todos -y a lo largo de toda la vida- a la educación.
2ª) Un conjunto de planes estratégicos dirigidos a combatir eficientemente el bajo rendimiento escolar y sus costes sociales y económicos, garantizando que los estudiantes finalicen la educación obligatoria con las competencias clave para responder a los retos de la sociedad del conocimiento y propiciar la continuidad de su formación en el marco de sociedad del aprendizaje permanente. Así, y con la mirada puesta en el horizonte de 2020, hablamos de elevar la capacidad de escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil hasta al menos el 30% (20% en 2007), de mejorar la tasa bruta de graduación a los 16 años hasta al menos el 75% (69,3% en 2007) y de alcanzar el 85 % en estudios postobligatorios (bachillerato y FP), no en vano diversos estudios vienen señalando que, para esa fecha, el 85 % de los empleos exigirá una formación de esta naturaleza.
3ª) El fortalecimiento de las escuelas públicas, potenciando su autonomía institucional y la rendición de cuentas, así como reforzando la capacidad de liderazgo de sus equipos directivos seleccionados con criterios profesionales. Un fortalecimiento imprescindible para la necesaria articulación de una auténtica red integrada de centros sostenidos con fondos públicos que garantice la escolarización equilibrada de los alumnos con necesidades específicas, desde el respeto al principio de equidad y al principio de libertad de elección de centro por las familias.
4ª) Un plan para promover el reconocimiento profesional y la consideración social del profesorado y la mejora de sus competencias profesionales, para que pueda comprometerse eficazmente con la mejora de la calidad de la educación que demanda la sociedad del siglo XXI.
6ª) El reforzamiento del compromiso educativo de las administraciones locales, asumiendo mayores responsabilidades en la gestión de aspectos como los servicios complementarios, las aulas matinales, las actividades extracurriculares, los programas de refuerzo y acompañamiento para alumnos con dificultades, etcétera.
Una vez más, la sociedad demanda y merece que seamos capaces de superar la visión de la educación como bien privativo y que la enfoquemos como un derecho ciudadano estratégico que a todos nos concierne. Nadie debiera buscar excusa alguna para eludir la responsabilidad de estar a la altura de esta circunstancia.