La ruleta de la venganza

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JOSÉ LUIS FERRIS El 18 de enero de 1940, Miguel Hernández Gilabert, natural de Orihuela, de 29 años, comparecía (a requerimiento del Consejo de Guerra Permanente número 5) ante un tribunal presidido por don Pablo Alfaro Alfaro y formado por los vocales don Francisco Pérez Muñoz, don Ignacio Díaz Aguilar, don Miguel Caballer y Celís y don Vidal Morales, que actuaría de ponente. En aquel acto se juzgó esa mañana a veintinueve reclusos sin ninguna garantía jurisdiccional. Las condiciones de los procesados eran verdaderamente inquisitivas: el abogado defensor que acompañaba al detenido debía ser siempre militar -y no necesariamente licenciado en Derecho-, no era de libre designación y sólo podía estudiar los autos contra su cliente poco antes de la celebración del juicio, esto es, "por término que nunca excederá de tres horas", según rezaba el artículo 658 del citado Código de Justicia Militar, lo que venía a significar que en ese espacio de tiempo (cuando se está ventilando la vida o la muerte de un hombre) se debían buscar pruebas, proponerlas, analizar la causa, calificar y preparar el informe. Por otra parte, contra las sentencias dictadas en esos juicios orales no cabían recursos, sólo alegaciones verbales que se perdían en el eco de la sala y no tenían ningún calado.
Junto a Hernández, también iba a ser juzgado ese día el periodista Eduardo de Guzmán. "Miguel está sentado en el primer banquillo -relataba éste años después-; yo en el segundo, pegado materialmente al que ocupan los guardias. A Hernández le acusan de haber sido comisario comunista, de intervenir en conferencias y mítines, escribir versos injuriosos para las fuerzas nacionales, realizar una intensa propaganda contra los integrantes de la quinta columna, contribuyendo con hechos y palabras a los muchos crímenes perpetrados en la zona roja [...]. El fiscal está hablando durante veinte minutos en tono duro, agresivo, hiriente. Las palabras chusma, criminales, horda, salvajes y asesinos se repiten una y otra vez con machacona e insultante insistencia [...]. Nos llama canallas, chacales, analfabetos, ladrones, cobardes, resentidos e infrahombres [...]. Su apasionada disertación, en la que falta por completo la serena objetividad de quien habla en nombre y defensa de la Justicia, consta de dos partes perfectamente diferenciadas. En la primera, que dura entre seis y siete minutos, acusa a veintitantas personas de todas las barbaridades capaces de imaginar una mente calenturienta [...]. En la segunda, que dura justamente el doble, echa sobre los hombros de los dos restantes -Miguel y yo- todas las culpas de los demás sumadas a las nuestras propias. Nuestra máxima responsabilidad estriba precisamente en no ser analfabetos, incultos ni ignorantes; en la capacidad de comprender dónde está el bien e inclinarnos resueltamente por el mal".
De igual modo, el juez "considera, sin duda, que nuestra culpabilidad está suficientemente probada y tiene prisa en terminar. Es cerca de la unaÉ Hago un cálculo rápido y fácil. El Consejo ha durado menos de dos horas. Descontando el descanso anterior a los informes del fiscal y el defensor, noventa minutos escasos. Noventa minutos en que se ha decidido la suerte de veintinueve personas. ¡Más de la mitad de las cuales acaban de ser condenas a muerte!".
Miguel Hernández es uno de los diecisiete incausados que recibe la sentencia de máxima pena o pena en su máxima extensión; así consta en el documento condenatorio que con fecha de 18 de enero de 1940 concluye en los siguientes términos: "Considerando que el responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente. Vistos los artículos citados y demás de general aplicación. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert como autor de un delito de adhesión a la rebelión militar a la pena de muerte, accesorias legales para caso de indulto, y en cuanto a responsabilidad civil se estará a la Ley de 9 de febrero de 1939. Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos y firmamos".
El 30 de enero, la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, una vez enterada de la resolución judicial, resolvía confirmarla, dejando "en suspenso la ejecución del condenado hasta tanto se reciba el enterado de S.E. el Jefe del Estado". Casi todos los juzgados aquel 18 de enero y sentenciados a la pena capital fueron fusilados en un margen de cinco meses.
Setenta años y un mes después, es decir, el 18 de febrero de 2010, la vicepresidenta del Gobierno de España aseguraba desde el Palacio de la Moncloa que estaba prácticamente dispuesto y rubricado el documento de reparación moral que la Ley de la Memoria Histórica otorgaba a los perseguidos por el franquismo, certificado que sería entregado en mano a la familia del poeta en plazo breve.
La petición realizada en noviembre de 2007 desde la Fundación Miguel Hernández y más recientemente, el pasado mes de octubre, por la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante y por la familia de Miguel de declarar ilegítimo el tribunal arriba citado, anular el juicio de aquel fatídico 18 de enero, así como proclamar injusta la sentencia es un hecho que une, más que nada y casi por encima de todo asunto, a la mayoría sensible que se ha sumado ya, desde la calle, desde la opinión limpia y popular, al Centenario del poeta.
Ahora que tenemos Comisión Nacional para ese menester, ahora que hay espíritu de unidad, de compromiso desinteresado, ahora que "estamos todos", como bien ha dicho la nuera de Miguel, sólo falta empezar con el acto decidido, valiente y ejemplar de hacer reparación pública de la terrible infamia perpetrada por aquella jauría de jueces, fiscales y falsos letrados que se jugaban la vida de los hombres a la ruleta de la venganza.
Sólo falta declarar de una vez ilegítimo (la Historia ya lo ha hecho) el macabro guiñol de aquellos tribunales que, en nombre de la "justicia", actuaron como bestias impunes contra la propia Justicia.
Sólo falta que el Centenario de Hernández, más allá de su obra y de su historia personal, sea un motivo o un maravilloso pretexto para que la dignidad, la firme dignidad del poeta, se resarza y se extienda a la de todos los hombres de su especie.







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